La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso cuenta actualmente con uno de los esquemas de seguridad más amplios entregados a un gestor de paz. La información fue revelada en respuesta a un derecho de petición radicado por W Radio y corresponde a las medidas adoptadas tras su designación como facilitador en procesos de verdad, reparación y no repetición.

En el documento, la entidad indicó que, según la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, Mancuso es el único exintegrante del extinto grupo armado ilegal que recibe protección oficial bajo la figura de gestoría de paz.

La entidad informó que el esquema asignado está integrado por ocho hombres de protección, tres vehículos blindados, un vehículo convencional y un chaleco de protección.

Este dispositivo responde, según el Gobierno, a los riesgos derivados de su presencia pública y a su papel como enlace en procesos de concertación territorial y encuentros con víctimas.

Mancuso fue extraditado en 2008 a Estados Unidos y regresó al país en febrero de 2024 tras cumplir su condena en ese país. Desde su retorno ha participado en espacios institucionales vinculados a la entrega de información judicial y a reuniones con comunidades afectadas por el accionar paramilitar, incluso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sin embargo, cuatro meses después de su designación como gestor de paz aún no existe una hoja de ruta clara para el programa, ni se conocen actas de compromiso que detallen obligaciones concretas en materia de reparación. Estos documentos son necesarios para avanzar en el cierre de los compromisos establecidos en Justicia y Paz, mecanismo transicional que sustenta beneficios jurídicos a cambio de aportes de verdad y reparación efectiva.

A la fecha, la única actividad relacionada con su rol fue un encuentro privado en Valledupar, al que no asistieron cientos de víctimas que solicitaron garantías de participación y acceso a la información del proceso.

¿Cuáles son los criterios de la UNP para medir el riesgo de quienes solicitan medidas de seguridad?

La discusión sobre cómo toma decisiones la Unidad Nacional de Protección con respecto a los esquemas asignados se ha intensificado, especialmente cuando se compara la situación de Mancuso con líderes sociales que siguen denunciando falta de protección efectiva. Para la subdirectora de la Fundación Pares, Laura Bonilla, la fórmula de análisis de riesgo que aplica la entidad está atravesada por factores que trascienden criterios técnicos.

“El modelo de protección de la UNP ha terminado siendo altamente politizado; ahí terminan accediendo personas más públicas o más famosas o que la valoración de riesgo supone que, por ocasión de su fama o de sus actividades públicas, requieren medidas de seguridad”, aseguró Bonilla en diálogo con La W. Según ella, esto contrasta con los liderazgos sociales que, pese a tener amenazas reales, no reciben esquemas oportunos ni suficientes.

Al referirse al caso puntual de Mancuso, Bonilla planteó que existen interrogantes sobre el proceso y su justificación real: “Yo no niego que probablemente él tenga un riesgo frente a su vida en su retorno al país, pero da la sensación de que este ha sido un proceso mucho más político que un ejercicio serio, organizado y documentado para cerrar Justicia y Paz”. Agregó que dos décadas después de iniciarse ese modelo transicional aún hay sentencias sin cerrar y procesos de reparación que no avanzan para las víctimas.

¿El esquema es proporcional al nivel de riesgo?

La W consultó con representantes del sindicato Analtraseg quienes cuestionaron si el esquema asignado responde realmente a su condición como gestor de paz.

Giovanny Gallo, vocero del sindicato, afirmó: “Nada tiene que ver el esquema que le colocaron como gestor de paz con la cantidad de vehículos y hombres de protección, ya que tendrían que colocárselos a todos por igual. Entonces, se está tapando una información como gestor de paz sobre la verdadera causa de su esquema, que es por su nivel de haber sido comandante de las AUC”.

Los costos: más de $200 millones mensuales

El sindicato Analtraseg estimó que el esquema de seguridad de Salvatore Mancuso tiene un costo mensual que supera los $200 millones, incluyendo salarios, viáticos, vehículos y desplazamientos aéreos. Según Gallo, solo la nómina de los ocho escoltas asciende a cerca de $94 millones, pues “un escolta vale aproximadamente $11.700.000 con armamento, chaleco y todas las prestaciones”.

A esto se suman viáticos aprobados por unos 15 días al mes para cada integrante del esquema, equivalentes a $180.000 diarios por persona, además de gastos recurrentes de combustible y mantenimiento de tres camionetas blindadas y un vehículo convencional.

Lo que ya se había conocido es que los vehículos asignados a Mancuso fueron modificados en el pasado, incluso generando observaciones internas. Según Gallo, se les instaló internet satelital Starlink con antena operativa en movimiento y se reforzaron amortiguadores y suspensión. Esto, sostiene el sindicato, representó costos adicionales y alteraciones a equipos oficiales.

/W Radio