La Contraloría General de la República detectó serios problemas en la ejecución del programa ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’ del Instituto Nacional de Vías (Invías), pues tras revisar con lupa los contratos firmados con las Juntas de Acción Comunal en siete departamentos del país, el ente de control encontró 48 fallas relacionadas con el manejo del dinero que suman 1.513 millones de pesos y alertó sobre un avance de obra mínimo frente a lo que el Gobierno había prometido inicialmente.

El plan original del Gobierno era ambicioso pues se propuso intervenir 33.000 kilómetros de vías rurales y caminos ancestrales en todo el país con una inversión calculada en 8 billones de pesos para el periodo entre 2022 y 2026. Sin embargo, la realidad que encontró la auditoría es muy distinta, ya que con corte al 31 de diciembre de 2024 apenas se habían realizado obras en 117,2 kilómetros, lo que representa solamente el 0,36 % de la meta que se había trazado.

El tema del dinero también muestra un rezago importante, pues de los 4 billones de pesos que se anunciaron para usar durante los años 2023 y 2024, solamente se apropiaron 657.000 millones de pesos, una cifra que equivale apenas al 16,40 % de lo que estaba programado en el papel.

La Contraloría analizó al detalle qué pasó con los convenios que el Invías firmó directamente con las comunidades. Durante el año 2023 se firmaron 1.035 acuerdos con las Juntas de Acción Comunal, pero al finalizar el 2024 todavía quedaban 141 sin terminar. Lo más preocupante para los auditores fue el tiempo de las obras, pues aunque se pactaron para durar tres meses en promedio, terminaron demorándose 10 meses, lo que significa que el tiempo se triplicó.

La situación en 2024 fue más compleja. De los 1.125 convenios que se firmaron ese año, ninguno se había terminado al cierre de la vigencia. De hecho, la gran mayoría, exactamente 883 convenios, estaban suspendidos porque, según explicó el propio Invías, no había asignación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), es decir, faltaba la disponibilidad del dinero en efectivo para girar los recursos.

Una de las razones principales que explicó el fracaso en la ejecución de las obras fue la falta de planeación. El ente de control evidenció que los convenios se firmaron sin tener listos los estudios técnicos completos que dijeran exactamente qué obras se debían hacer y cómo.

Esta responsabilidad técnica se les trasladó a las Juntas de Acción Comunal y a los interventores en el momento de la ejecución, pero muchas de estas organizaciones comunitarias no tenían la capacidad técnica, operativa ni organizacional para asumir semejante carga. Además, el apoyo que brindó el Invías a estas comunidades no fue suficiente para sacar adelante los proyectos.

Como resultado de esta improvisación, en muchos casos tocó reducir el alcance de las obras, es decir, hacer menos de lo acordado, y estas modificaciones se hicieron sin que el Invías las revisara y aprobara formalmente, e incluso sin una revisión rigurosa por parte de quienes debían vigilar los trabajos.

En la parte financiera, la auditoría revisó 192 convenios en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Nariño. Allí se encontraron deficiencias en cómo se gastó la plata pública, pues aparecieron pagos que no tenían la debida justificación.

Los auditores notaron que no se cumplieron los requisitos básicos de contabilidad, los registros fueron inadecuados y faltaron soportes de tesorería y facturas legales que respaldaran los gastos. Incluso, cuando la Contraloría le pidió cuentas al Invías, la entidad no tenía todos los documentos, como soportes de gastos o extractos bancarios, lo que demostró que no tenían pleno conocimiento de lo que pasaba con la plata girada.

El informe concluyó que el Invías supervisó mal la ejecución de los convenios y la labor de las interventorías, pues delegó la autorización del gasto en los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y los interventores sin hacer el seguimiento que le correspondía como entidad dueña de los recursos.

A pesar de los hallazgos y las cifras rojas, la Contraloría General señaló que espera que estos resultados sirvan como una oportunidad para que el Invías corrija el rumbo. El objetivo del ente de control es que se hagan los ajustes necesarios para que el programa ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’ pueda cumplir su propósito original: conectar a la Colombia profunda y rural con los centros de producción y logística del país, tal como se prometió desde el inicio.

/Colprensa