La decisión judicial fue emitida tras una acción popular que advierte el deterioro del orden público en varios municipios del sur del departamento, donde informes oficiales han documentado la expansión de grupos armados

El Tribunal Administrativo de Bolívar emitió una medida cautelar que obliga al presidente de la República, Gustavo Petro, a organizar en un plazo máximo de diez días, una reunión interinstitucional para definir un Plan Inmediato de Acción Interinstitucional ante la expansión de grupos armados ilegales en los sures de los departamentos de Bolívar y Magdalena.

La determinación busca garantizar la atención humanitaria y el restablecimiento del orden público en la región.

La acción fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, que documentó la grave afectación a la seguridad y los derechos colectivos en municipios del sur de Bolívar, donde grupos como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia han consolidado control territorial y generado desplazamientos masivos. La fundación respaldó su solicitud con alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, informes de la ONU y comunicados del gobernador de Bolívar, todos los cuales advierten sobre un riesgo extremo y progresivo para la población civil.

El tribunal consideró que la inacción estatal ha permitido la persistencia de la violencia y ordenó la convocatoria de las autoridades nacionales y locales para adoptar medidas concretas, articuladas y urgentes.

Los hechos recientes evidencian la gravedad de la situación. El 10 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de crisis humanitaria en el sur de Bolívar, que documenta que más de 15.240 personas se han visto afectadas en Santa Rosa del Sur, 5.409 en Montecristo, 3.090 en Arenal del Sur, 249 en Cantagallo, 160 en Morales y 76 en Río Viejo.

Además, la acción popular resalta que la inacción de las autoridades ha facilitado la continuidad de los hechos violentos, lo que constituye una vulneración de los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública y el uso del espacio público.