La Superintendencia de Salud está acusando a la Nueva EPS, intervenida por el propio Gobierno desde abril del año pasado, de utilizar ‘falsos anticipos’ en su contabilidad y ordenó la legalización de los pagos realizados a clínicas y hospitales, definiendo qué facturas se van a dar por canceladas. La semana anterior, un informe de la Contraloría detectó un incremento inusual de los anticipos de la Nueva EPS, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, lo que equivale al 155% de incremento. Sin embargo, para la Superintendencia no se trata de “anticipos”, aunque así aparezcan en la contabilidad de Nueva EPS, sino de pagos por servicios que sí se prestaron, y ordenó su legalización definiendo con cada operador ‘a qué facturas’ se van a aplicar. “Orden que he dado a la nueva gerente interventora, Gloria Polanía, quien en el término de pocas semanas debe haber terminado la ronda con prestadores en todo el territorio nacional para definir la aplicación de los pagos recibidos a unas facturas específicas”, afirmó el superintendente Giovanny Rubiano García. La Supersalud criticó el informe de la Contraloría, que dejó muy mal parada a la intervención de la EPS, y aseguró que el ente de control no tuvo en cuenta las falencias previas de Nueva EPS ni su falta de transparencia. El servicio de salud de Nueva EPS para sus pacientes ha empeorado, al punto de que en los últimos meses sus pacientes han salido a protestar en los dispensarios (contra la falta de medicamentos) y en las sedes de la entidad por las demoras en la atención.