A pesar de los intentos del presidente Gustavo Petro, que dedicó parte de su alocución del 12 de septiembre a responsabilizar a la antigua junta directiva de Nueva EPS por los números rojos, por defender la gestión del Gobierno nacional, las investigaciones de los entes de control no lo respaldan. De hecho, en la mañana de ayer domingo 14 de septiembre se conoció el informe completo de la Contraloría, que expondría un panorama alarmante para la mayor entidad de salud de Colombia. Tras la intervención del Gobierno iniciada en abril de 2024, lejos de observarse una recuperación, el documento conocido por la revista Cambio revela un deterioro acelerado en los principales indicadores financieros y operativos, lo que pone en riesgo la atención de 11,5 millones de afiliados y amenaza la viabilidad del sistema de salud nacional. El informe, de 82 páginas, concluye que la intervención estatal ha coincidido con un agravamiento de la crisis de la Nueva EPS. Según la Contraloría, entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, la deuda de la entidad aumentó un 198%, pasando de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. De mantenerse esta tendencia, el pasivo podría alcanzar los 26,39 billones de pesos al cierre de 2025. El patrimonio, por su parte, experimentó una caída aún más pronunciada: de un saldo positivo de 485.209 millones en 2022, descendió a -4,95 billones en 2023 y a 6,69 billones de pesos en 2024, para situarse en -6,25 billones en marzo de 2025. La proyección de la Contraloría conocida por Cambio indica que el patrimonio cerraría 2025 en -9,16 billones, lo que lleva al órgano de control a advertir sobre una “inviabilidad estructural que pone en riesgo los recursos del sistema de salud y la atención de millones de colombianos”. Este deterioro financiero tiene consecuencias directas para los usuarios. El informe advierte que, de no revertirse la tendencia, la Nueva EPS dejaría de ser viable estructuralmente a finales de 2025, lo que dejaría en incertidumbre a sus más de 11 millones de afiliados. La Contraloría también identificó irregularidades en la contratación, señalando una concentración de contratos millonarios en empresas y uniones temporales vinculadas entre sí. El informe detalla que, entre 2022 y 2025, la Nueva EPS reportó relaciones comerciales con 48 personas jurídicas, aunque solo se encontró información detallada de 45. Además, se detectaron nueve uniones temporales con vínculos comerciales no formalizados, lo que, según el órgano de control, representa riesgos jurídicos, operativos, fiscales y reputacionales para la entidad. En cuatro de estas uniones aparece como representante legal Carlos Alberto Flórez Polanía, titular de Bienestar IPS, que también figura en otras alianzas empresariales con contratos vigentes. Bienestar IPS, parte de Zentria —la línea de inversiones en salud del Grupo Patria dirigida por Carolina Buendía—, ya había sido mencionada en investigaciones periodísticas y denuncias ante la Fiscalía por supuestas estrategias de concentración de contratos en el sector. En el ámbito de la gestión interna, el informe conocido por la revista Cambio revela que la Nueva EPS acumuló facturas pendientes por auditar por un valor de 13,17 billones entre 2020 y 2025, de las cuales el 99% corresponde a 2024 y el primer semestre de 2025. Esta situación, según la Contraloría, impide conocer con exactitud el pasivo real de la entidad y puede generar contingencias fiscales. Enrique Lanchero, vicepresidente de Transformación Digital de la Nueva EPS, explicó a la Contraloría que la compañía carece de tecnología adecuada para procesar el volumen de información, lo que obliga a una gestión manual de las facturas y aumenta la vulnerabilidad operativa. El informe también señala una subestimación de las reservas técnicas por 11,1 billones, debido a que la entidad trasladó deudas a periodos futuros que debieron registrarse antes de diciembre de 2024. Al comparar los servicios autorizados con los contratados, la Contraloría no encontró coincidencias, lo que impide verificar si las reservas técnicas reflejan la realidad financiera. Las diferencias entre los cálculos de la Contraloría y los reportes de la Nueva EPS alcanzaron 384.000 millones en 2022, 778.000 millones en 2023 y 1,6 billones en 2024, lo que llevó al órgano de control a exigir una revisión detallada de la metodología utilizada. Otro aspecto crítico es el aumento de los anticipos sin legalizar. Entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024, estos anticipos crecieron un 155%, pasando de 3,4 billones a 8,6 billones. Entre enero y junio de 2025, se sumaron otros 6,6 billones, para un total de 15,31 billones en anticipos pendientes. El 97% de estos corresponde a 2024 y 2025, aunque existen registros de más de cinco años de antigüedad. Esta acumulación comprometería la sostenibilidad financiera y la capacidad de pago de la entidad, según la auditoría conocida por Cambio. El deterioro en la atención a los usuarios también se refleja en el incremento de peticiones, quejas y reclamos (PQR). Entre 2022 y el primer semestre de 2025, el número de PQR pasó de 177.479 a 446.520, un aumento del 151,6%. Los picos de inconformidad se registraron en el segundo semestre de 2023, el segundo de 2024 y el primer semestre de 2025. La Contraloría advierte que, de no adoptarse medidas correctivas inmediatas, la tendencia al alza persistirá en 2025 y 2026. Además, la falta de categorización precisa de los motivos de las PQR sugiere una posible subestimación de las causas recurrentes, siendo las principales la dificultad de atención, los trámites administrativos y las autorizaciones. En el mismo periodo, se contabilizaron 271.203 tutelas, con un récord de 66.135 en el primer semestre de 2025. El informe señala que las acciones adoptadas por la EPS no han logrado contener la judicialización de los servicios. El contexto de la crisis de la Nueva EPS es complejo y se remonta a administraciones anteriores. La intervención estatal se produjo tras el fracaso de la reforma a la salud y ante una crisis financiera acumulada. El presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo defendieron la medida como necesaria para salvar el sistema, mientras que el exsuperintendente Luis Carlos Leal señaló que la entidad no cumplía con los requisitos financieros mínimos. Petro, en su alocución del viernes, acusó a la administración anterior de maquillar cifras y ocultar deudas, y denunció la presentación de informes contradictorios a distintas autoridades. No obstante, tras 18 meses de intervención, la auditoría de la Contraloría, citada por Cambio, concluye que ni el objetivo de salvar ni el de liquidar la entidad se ha cumplido.