El Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 0799 por el cual retira la exclusividad al Consejo de Estado, quien era encargado de darle estudio en primera instancia a las demandas instauradas en contra del Presidente de la República. Según el decreto, se facultará a los jueces del distrito para revisar las tutelas que sean proferidas en contra del primer mandatario donde según el documento: "esta nueva regla de reparto contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial". Entre tanto, será tarea de los los jueces del circuito los encargados de darle revisión a las tutelas. Esta nueva normativa fue firmada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, donde puntualmente señala: "se considera oportuno introducir una nueva regla de reparto que refuerce el principio de desconcentración funcional". Por otro lado, se argumenta que la nueva norma: "no excluye ni limita el control constitucional de la Corte Constitucional ni restringe el acceso a la justicia, dado que la acción de tutela continúa siendo ejercible en todo momento y lugar, conforme al artículo 86 de la Constitución, y su reparto se mantiene dentro del marco de jueces ya competentes conforme a los factores territoriales y subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico". Entre tanto, dicho decreto ya firmado por el presidente Petro también indica: "las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría". Cabe recordar que una de las últimas demandas en contra del presidente Gustavo Petro radicada ante el Consejo de Estado fue por la presunta crisis financiera de las Fuerzas Armadas y Policía, acción interpuesta por los abogados, Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España, donde pidieron a la alta corporación que se ordenara al presidente adicionarle los recursos económicos y financieros necesarios para las FF.MM. Por otro lado, demandas sobresalientes como la proferida en contra de la intensión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para 2026 o la Consulta Popular, entre otros temas que han causado polémica en el entorno político y jurídico.   /LaFM