Dado que Air-e no ha logrado recuperarse y su inviabilidad financiera persiste tras nueve meses de intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Gobierno Nacional está estructurando un nuevo salvavidas para la compañía. Esta solución es algo similar a la opción tarifaria que se aplicó durante la pandemia del covid-19 y que se convirtió en un ‘dolor de cabeza’ porque las empresas no han podido recuperar los 2,9 billones de pesos que aún les deben los usuarios. Esta nueva opción tarifaria consiste en un ´préstamo´ de los usuarios a las empresas de energía eléctrica, no solo a Air-e, y les aplicaría a todos los colombianos de la siguiente manera. En aproximadamente 15 días la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) estaría expidiendo la resolución que deja en firme la nueva metodología de comercialización, que comenzaría a aplicarse entre agosto y septiembre de este año. Con esta nueva metodología, los usuarios verán una reducción del 5 por ciento, promedio nacional, en las tarifas de energía eléctrica que pagan cada mes. Este porcentaje equivale a entre 25 y 30 pesos por kilovatio hora. Por lo tanto, la propuesta de la nueva opción tarifaria consiste en que las tarifas no bajen todo lo que se espera y así destinar algunos pesos para cubrir parte de las deudas que tiene Air-e y otras empresas del sector que están intervenidas. Una de las prioridades es utilizar estos recursos para pagarles a las térmicas algo de los 1,2 billones de pesos que les debe Air-e, ya que deben comprar el combustible (carbón, diésel o gas natural) que necesitan para generar energía eléctrica durante el próximo verano. La intención es que este ´préstamo´ de los usuarios a las empresas se les devuelva a lo largo de un tiempo con una reducción en la tarifa. Esta es la gran diferencia con la pasada opción tarifaria que se implementó, ya que su cobro implica un incremento en la tarifa de energía. Esta propuesta todavía se está estructurando para revisar su viabilidad y en un mes se estaría presentando de manera oficial. De ser así, la Creg será la entidad encargada de estudiarla y aprobarla para su implementación. El Gobierno Nacional está optando por esta solución porque actualmente el Fondo Empresarial de la Superservicios no cuenta con los recursos suficientes para solventar las necesidades de Air-e. En estos momentos el saldo actual del Fondo Empresarial es de 160.000 millones de pesos y sus ingresos son insuficientes para respaldar las cuantiosas deudas de empresas como Air-e. En detalle, este Fondo se financia con excedentes del presupuesto de la Creg, la Superservicios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. También con las multas que impone la Superservicios y créditos bancarios, entre otras opciones. Aunque la Superservicios ha sido cuestionada repetidamente por no acudir a un crédito con garantía de la Nación para fondear el Fondo Empresarial, se pudo establecer que la gestión sí se realizó, pero el Ministerio de Hacienda no lo aprobó. Esta negativa radicó en la compleja situación fiscal que atraviesa actualmente Colombia y no es posible obtener un crédito con garantía de la Nación sin tener un ingreso adicional garantizado que sirva como respaldo. No obstante, el Fondo Empresarial ya le hizo un préstamo de 147.000 millones de pesos a Air-e para pagar algunas de las obligaciones en mora que tenía. De este total, 102.000 millones de pesos se giraron en diciembre del año pasado y 45.000 millones de pesos en enero pasado. Además de implementar una nueva opción tarifaria, el Gobierno Nacional está estudiando otras alternativas para garantizar la operación de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Una de ellas es evaluar detalladamente la situación financiera de las 115 empresas a las cuales Air-e les debe dinero con el propósito de definir una priorización de pagos o diferir algunas deudas. La idea es que el próximo mes se puedan cerrar los acuerdos. Pero también se está trabajando en los dos grandes problemas que tiene Air-e y que han provocado su inviabilidad financiera: pérdidas técnicas del 29 por ciento y un recaudo del 78 por ciento sobre el total facturado. Para reducir las pérdidas técnicas al mínimo posible se plantea como solución que a los sectores más vulnerables se les instalen paneles solares para que no tengan que consumir energía de la red nacional. Otra solución es que estas pérdidas técnicas no las paguen solo los usuarios de la región Caribe, sino todos los colombianos sin importar en qué zona del país se encuentren. Adicionalmente, se tendrían que aprobar algunas disposiciones regulatorias especiales que le permitan a la compañía invertir en estrategias de normalización de redes y recuperación de energía, además de tener condiciones especiales para la contratación de energía.