La deuda podría llegar a niveles históricos si no se implementan ajustes urgentes. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) encendió las alarmas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia, al advertir que la estrategia fiscal del Gobierno Nacional es insuficiente para estabilizar la deuda y cumplir con la regla fiscal en el mediano plazo. El organismo alertó que, de no tomarse medidas adicionales, la deuda neta del Gobierno Central podría alcanzar niveles históricos entre 2025 y 2027, superando el 64% del Producto Interno Bruto (PIB) y acercándose peligrosamente al límite legal del 71%. “El desequilibrio fiscal, que no es otra cosa que la diferencia entre ingresos y gastos, en este momento es sustancial y eso ha impulsado la deuda del gobierno a niveles históricos, nosotros hemos insistido en que la disminución del déficit fiscal tiene que iniciar en el año 2025 y no posponerlo hasta el año 2026”, advirtió Juan Sebastián Betancourt, director técnico del Carf. El Gobierno activó la cláusula de escape para el periodo 2025-2027, lo que le permite flexibilizar temporalmente las metas fiscales. Sin embargo, el comité considera que esta decisión no debe interpretarse como una excusa para aplazar el ajuste. “La activación de la cláusula de escape no es un mecanismo para abandonar desde ahora el esfuerzo de estabilización de las finanzas públicas”, señala el pronunciamiento. Asimismo, advierte que cerca del 90% del presupuesto nacional es actualmente inflexible, lo que limita la capacidad de maniobra del Ejecutivo. “$1 de cada $3 que se recaudan con impuestos se destinan al pago de la deuda. Antes de la pandemia ese número era uno de cada seis”, explicó Betancourt. A medida que el Gobierno destina una proporción creciente de los ingresos tributarios al pago de la deuda actualmente uno de cada tres pesos recaudados se reduce el espacio para financiar programas sociales, inversión en infraestructura y servicios públicos esenciales. Si persiste la incertidumbre fiscal, también podrían intensificarse las presiones sobre la inflación y la tasa de cambio, afectando directamente el poder adquisitivo de los hogares, especialmente los de menores ingresos.