El Juzgado Promiscuo Municipal de Remolino, Magdalena, sancionó al alcalde José David Escorcia Pérez con tres días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales vigentes, por no responder adecuadamente un derecho de petición presentado por un concejal. La sanción fue impuesta dentro de un proceso judicial por desacato, luego de que el concejal Juan Carlos Cantillo Rudas solicitara información sobre el contrato LP 003-2023, que busca mejorar las redes de acueducto en varios sectores de Remolino. En su solicitud, Cantillo pidió a la Alcaldía datos precisos sobre la empresa que suministra el material de relleno para la obra, así como pruebas de compactación del material (incluyendo registros fotográficos) y certificados de pagos hechos al consorcio encargado del contrato.

RESPUESTA INSUFICIENTE DE LA ALCALDÍA

Pese a la claridad del requerimiento, la respuesta de la Alcaldía fue confusa e incompleta. En lugar de entregar los datos solicitados sobre el contrato mencionado, el despacho del alcalde se refirió a un proyecto distinto: la construcción del alcantarillado sanitario, y omitió tanto los registros fotográficos como la información financiera exigida. Ante esta situación, el concejal recurrió a la justicia mediante una acción de tutela, que fue admitida por el juzgado. Al no cumplirse el fallo judicial que obligaba a la Alcaldía a entregar la información, el juzgado concluyó que hubo desacato por parte del mandatario y procedió a sancionarlo. El arresto deberá cumplirse en la Estación de Policía del municipio de Remolino, mientras que la multa será consignada a favor de la Nación a través del Consejo Superior de la Judicatura. Hasta el momento, la administración municipal no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este caso, ni en sus redes sociales ni en otros canales institucionales.

HISTORIAL DE DESACATOS

No es la primera vez que el alcalde Escorcia enfrenta sanciones por desacato. En 2024, la jueza Alexandra Zapata Consuegra, del mismo juzgado, ordenó su arresto tras incumplir un fallo de tutela emitido el 24 de mayo de ese año por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Ciénaga. Esa sanción previa se originó por no responder un derecho de petición formulado por una funcionaria de la misma administración. El alcalde fue notificado el 12 de junio de 2023 y sancionado con cinco días de arresto y una multa también equivalente a dos salarios mínimos. Pese a haber transcurrido un año desde la imposición de esa medida, el mandatario no cumplió con la orden judicial, lo que llevó a la apertura de un nuevo incidente de desacato. El 19 de junio de 2024, la jueza de segunda instancia ratificó en su totalidad la providencia inicial, dejándola en firme. En consecuencia, se ordenó nuevamente el arresto del alcalde por cinco días en la estación de Policía del municipio, y se expidió la orden de captura correspondiente para hacerla efectiva de forma inmediata.