La Corte Constitucional calificó como inaceptable la grave situación de seguridad que atraviesa la región del Catatumbo, especialmente en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, que ha dejado más de 50 víctimas mortales, entre ellas líderes sociales y firmantes de paz. Además, más de 53.000 personas han sido desplazadas por la violencia provocada por el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc. La Corte criticó severamente la falta de respuesta del Gobierno y de las entidades encargadas, a pesar de que la situación ha sido identificada y diagnosticada desde hace años. En la audiencia de seguimiento para evaluar seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, la magistrada Cristina Pardo enfatizó que las autoridades han ignorado las alertas tempranas emitidas por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) desde 2020. "No en vano en estas últimas semanas las noticias nos han recordado, una y otra vez, que lo que está ocurriendo en la región de El Catatumbo ya había sido advertido por este sistema", señaló Pardo. La Corte recordó que desde 2020 se habían registrado al menos ocho alertas sobre los riesgos en varios municipios de Cesar y Norte de Santander, con tres de ellas específicas para El Catatumbo. En su intervención, la magistrada Pardo preguntó: "¿Qué pasó entonces con las medidas de respuesta oportunas e integrales para evitar que los riesgos allí advertidos se convirtieran en una gran y dolorosa lista de daños a los derechos fundamentales de los y las firmantes de paz y de la población civil en general? Entre los firmantes de paz asesinados recientemente se encuentran Pedro Angarita, Pedro Rodríguez Mejía, Jean Carlos Carvajalino, Jhon Fredy Carrascal García, Albeiro Díaz Franco y Disney Sánchez Contreras, todos ellos provenientes del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ATCR) de Tibú, que se encontraban adelantando su proceso de reincorporación en diferentes municipios de Norte de Santander. La Corte también señaló que, además de los asesinatos, al menos 150 firmantes de paz se han desplazado, y diez de ellos se encuentran desaparecidos. En este sentido, la Corte rechazó "con vehemencia todos los crímenes cometidos en contra de la población firmante de paz, de los y las lideresas sociales y de la población civil en general". La magistrada Pardo insistió en que al mencionar con nombre propio a las víctimas, la Corte busca reconocer el sufrimiento y dignificar a los firmantes de paz por su contribución al proceso de construcción de paz, a pesar de las múltiples victimizaciones que han sufrido desde la firma del acuerdo. El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, planteó varias preguntas clave en la audiencia. “Entonces, frente a esa advertencia, la pregunta es: ¿Vamos a ejecutar un plan a largo plazo, cuando llevamos un largo plazo después de identificar un problema estructural que fue lo que hizo la sentencia de 2022?”, cuestionó Ibáñez. Recordó que, en la sentencia de 2022, la Corte había identificado problemas estructurales que requieren de órdenes complejas, pero tres años después de esa decisión, las medidas no han sido implementadas de manera efectiva. A raíz de la información recabada durante la audiencia, la Sala de Seguimiento a la Sentencia 020 de 2022, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre la situación de los firmantes de paz, emitirá un nuevo pronunciamiento con órdenes específicas para intentar resolver las dificultades en la identificación y reacción ante los riesgos que enfrenta esta población./Colprensa