La Corte Constitucional determinó que el ajuste de la UPC de este año fue insuficiente y le ordenó al Ministerio de Salud una serie de medidas para evitar una mayor crisis en el sistema. Inicialmente, ordenó crear una mesa de trabajo con participación de diferentes entidades y actores del sector salud cuyo objetivo principal es revisar la UPC de 2024, conforme a unos parámetros mínimos que deberá establecer el Minsalud con apoyo de los integrantes de la mesa. Allí se deberá establecer la forma cómo se reconocerá a las EPS el reajuste de la UPC de 2024 e indicar los porcentajes y fechas máximas de pago. Además, se deberá analizar el rezago existente en el valor de la UPC, a partir del 2021 para efectuar el reajuste de la prima por cada vigencia desde ese periodo, a saber, 2021, 2022 y 2023. La Corte fue más allá y alertó de más fallas para este 2025, por lo que le ordenó al Gobierno reajustar la metodología de cálculo de la UPC de las próximas vigencias, incluida la de este año. También le ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizar los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud cumpla con los mandatos vigésimo primero y vigésimo segundo de la Sentencia T-760 de 2008. Esa sentencia advierte que el UPC, que es el valor que paga el Gobierno por la salud de cada uno de los colombianos a la EPS, no es suficiente y que incluso tiene un rezago acumulado de varios años. El Alto Tribunal señaló sus críticas al Ministerio de Salud, al asegurar que “no ha avanzado en la superación de las fallas identificadas en el sistema de información al interior del sistema de salud las cuales impiden calcular una UPC suficiente”. Advirtió que no existe un mecanismo para contrastar los datos reportados por las EPS con los que se calcula la UPC, las frecuencias de uso de los servicios en salud registradas no son confiables, y la información empleada para efectuar el cálculo en ambos regímenes no es suficiente ni de calidad. Incluso, desde la Corte le dieron la razón a todas las críticas en contra del sistema de salud, puesto que advierten del incumplimiento del pago de la UPC del 2024 y además de un rezago existente en el valor de la UPC, a partir del 2021 que podría ser de billones de pesos que el gobierno le adeuda a las EPS. “Según estas cifras, esta corporación no duda de que los actores del sector salud tienen razón cuando reclaman reajustes a la UPC con ocasión de un rezago existente que no será eliminado si no se analiza detenidamente y con ánimo de corrección, el comportamiento del gasto de las EPS”, señaló. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que protege el derecho a la Salud, declaró el incumplimiento general frente al componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación UPC, en especial de los pagos para el 2024. La UPC es el valor que paga el gobierno por la salud de cada uno de los colombianos a la EPS. Es decir, la Corte asegura que no está siendo suficiente lo que paga el gobierno por la salud de los colombianos. Entre las inconsistencias, el tribunal constitucional explica que el Ministerio de Salud no ha logrado explicar la forma en la que calcula la UPC bajo tres observaciones:

1. No existe un mecanismo para contrastar los datos reportados por las EPS con los que se calcula la UPC.
2. Las frecuencias de uso de los servicios en salud registradas no son confiables.
3. La información empleada para efectuar el cálculo en ambos regímenes no es suficiente ni de calidad.

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1. Crear una mesa de trabajo con participación de diferentes entidades y actores del sector salud, cuyo objetivo principal es revisar la UPC de 2024, conforme a unos parámetros mínimos que deberá establecer el MSPS con apoyo de los integrantes de la mesa.

Allí se deberá analizar el rezago existente en el valor de la UPC a partir del 2021 para efectuar el reajuste de la prima por cada vigencia desde ese periodo, a saber, 2021, 2022 y 2023. Además, se deberá establecer la forma cómo se reconocerá a las EPS el reajuste de la UPC de 2024, e indicar los porcentajes y fechas máximas de pago.

1. Reajustar la metodología de cálculo de la UPC de las próximas vigencias, incluida la de 2025.
2. También le ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizar los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud cumpla con los mandatos vigésimo primero y vigésimo segundo de la Sentencia T-760 de 2008.

Para cumplir estas órdenes, el tribunal constitucional dio 10 días al Gobierno Nacional para crear esta mesa de trabajo con todos los actores de las salud, como pacientes, EPS, la adres, agremiaciones, sectores académicos y entes de control. Luego de la primera reunión en esta mesa de trabajo, el Ministerio de Salud tendrá 2 meses para acordar el reajuste de la UPC del 2024 y luego la vigencia del 2025.