Para destacar el papel de la Rama Judicial, que marcó su independencia porque no se dejaron amedrentar ni manosear de Petro y su gobierno. El año que termina tuvo, como es natural, varios protagonistas que incidieron y marcaron con su desempeño y comportamiento el curso del acontecer nacional. Para mí el personaje del año fue la Constitución y la institucionalidad, que fue puesta a prueba como nunca en estos más de 30 años de vigencia. Para destacar, en primer lugar, el papel de la Rama Judicial, que marcó su independencia tanto en la Corte Suprema como en el Consejo de Estado, no solo a través de sus fallos sino principalmente porque no se dejaron amedrentar ni manosear de Petro y su gobierno. Supieron marcar las necesarias distancias, siempre en un tono de respeto y apego a la ley que enaltece a sus miembros y a sus dignatarios. Lamentablemente para la Corte Constitucional termina el 2024 sin haberse conocido los fallos en temas claves y urgentes como las 21 demandas contra la reforma pensional, la tributaria, la llamada paz total y 17 contra el Plan de Desarrollo, sancionado en 2022. Papel muy destacado jugó también este año en defensa de la institucionalidad la Rama Legislativa del poder público. Gran protagonista al evitar que la muy inconveniente e irresponsable agenda del Gobierno se convirtiera en reformas constitucionales y legales. Destacaría yo el inédito rechazo al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, que venía envenenado y condicionaba su aprobación a una reforma tributaria cargada de revanchismos políticos e ideológicos, que por fortuna también se negó en las 4 comisiones económicas conjuntas. Tampoco se aprobó el de impuesto predial. El Congreso, en esta legislatura, se ha hecho sentir con rigor y responsabilidad. ¿Qué tal haber sumado a nuestra muy frágil situación económica y al populista incremento salarial decretado por Petro las cargas contempladas en la reforma laboral? Por fortuna no consiguió ese proyecto su aprobación en el Senado, aun cuando el Gobierno se empleó a fondo en ese propósito. A la ministra de Justicia no le fue mejor. Poco avanzó la muy limitada y sonora reforma de la justicia, a la que me referí semanas atrás; tampoco avanzó la llamada coordinación entre la jurisdicción indígena y la ordinaria y se quedaron en el tintero la jurisdicción agraria y el llamado proyecto de ley Jorge Pizano. De la famosa reforma de la ley 30 o de educación ni siquiera se surtió el primer debate y, pese a todos los pronósticos, tampoco este año pasó la reforma de la salud, que hubiera terminado de hundir un sistema ya quebrado, como lo confirman los centenares de clínicas y hospitales que pasan el año en rojo con deudas que ascienden a más de 18 billones de pesos. Lo más probable es que el shu-shu-shu decretado por el Gobierno continúe, pero sin el respaldo que le otorgaría una ley que el Congreso se resiste a aprobar bajo presión y a las patadas. El Congreso también le puso freno a la ministra de Transporte y se abstuvo de rendir ponencia a su proyecto de infraestructura ferroviaria, preámbulo de la puesta en marcha del tren bala a La Guajira, del ferrocarril elevado y eléctrico entre Barranquilla y Buenaventura y de los 2.000 kilómetros anunciados de nuevos ferrocarriles que cubrirían toda la geografía nacional. En buena hora se ahogó también la reforma constitucional política del ministro Cristo, en su cuarto debate. Recuerdo que ya se había hundido otra de similar tenor en el primer semestre. Así mismo, se quedaron por fortuna los proyectos de creación de Ecominerales, las reformas del código minero, la agencia de seguridad digital y asuntos espaciales y galácticos, la de infraestructura de datos del Estado y, por andar de un lado para otro en temas que en nada interesan al país, el ministro Murillo no logró que se aprobaran ninguno de los 17 que tenía en trámite. Ni en sus escalas técnicas se le ocurrió a este canciller pasar por el Congreso y he ahí el resultado. Corresponde al país reconocer el trabajo serio y responsable de la Rama Legislativa y muy en particular de su presidente, el senador Efraín Cepeda, que supo pararse en la raya frente a los múltiples insultos y desafíos de los que fue objeto. El 2024 fue, entonces, el año del Congreso de la República y de las altas cortes y sus magistrados, que en cualquier momento serán también calificados como malditos por haber defendido nuestra institucionalidad y nuestra Constitución frente a la arbitrariedad, las mentiras, el abuso y el mesianismo del señor Petro y su gobierno.