El programa de subsidios “Mi Casa Ya” fue muy exitoso como política pública: el subsidio por parte del Estado a la tasa de interés y aparte de la cuota inicial logró que más de 300 mil familias tuvieran una vivienda de interés social. Sobre todo, es un programa necesario, pues 60,7% de los hogares en Colombia aún no tiene vivienda propia y nos falta construir 3,9 millones de viviendas. Sin embargo, el gobierno Petro lo destruyó tras varias modificaciones fracasadas y finalmente lo suspendió. Como siempre, usan excusas, cuando en realidad lo que hay es un profundo reparo a que los privados participen en la provisión o construcción de bienes públicos. El asunto no es menor: después de la caída de los precios internacionales del petróleo en 2014, fueron la construcción de vivienda residencial y las nuevas vías las que sostuvieron la economía nacional. La decisión del gobierno nada tiene que ver con el desempeño del programa, que iba muy bien. “Mi Casa Ya”, durante el gobierno Duque, logró entregar hasta 67 mil subsidios al año para vivienda VIS. Hoy las ventas de vivienda han caído más del 30%, y el sector perdió más de 80 mil empleos. El último año se vendieron 100 mil viviendas de interés social, mientras que en 2022 se vendían 173 mil. Una caída del 42%. Esta caída se replica en todos los segmentos de vivienda. El mercado no VIS cayó 33%. No es cierto, como afirma el presidente, que “Mi Casa Ya” llegue a su fin a causa de que el Congreso no le aprobó la ley de financiamiento. El gobierno viene golpeando el programa desde 2023. En febrero de 2023 lo advertí. En mayo de 2023 le hice una audiencia pública a la entonces ministra de Vivienda porque estaban negando el subsidio a muchos beneficiarios. Llevamos al Congreso a familias que estaban perdiendo los ahorros que habían invertido en las cuotas iniciales. El gobierno no escuchó. Hoy tenemos más de 30 mil desistimientos. En el presupuesto propuesto por Petro por decreto, le quitaron al sector vivienda 1,1 billones de pesos. Le hacen falta más de 2 billones de pesos al sector para alcanzar 50 mil subsidios en 2025 y 100 mil de mejoramiento de vivienda. El asunto duele también porque Colombia tiene 1,2 millones de hogares viviendo en casas indignas. Estamos ante una nueva promesa de estatización. A Petro no le gusta que los privados presten ni construyan ningún servicio público, incluyendo la construcción. Sueña con un Estado gigante dedicado a vías, vivienda, salud, pensiones, energía, hidrocarburos, minería… parece que no se ha enterado de las dificultades que tenemos en funciones más básicas a manos del sector público. Cabe recordar no solo los ataques a los privados en todas aquellas áreas, sino también en la construcción de vías e infraestructura. El gobierno amenazó con cambiar las vigencias futuras para el pago de las vías, acabó con la seguridad jurídica de las alianzas público-privadas que tan importantes han sido en la construcción de las vías 4G y 5G. Hoy el país tiene un avance promedio de construcción de sus 30 proyectos de vías 4G en más del 70%. Catorce proyectos ya están por encima del 85%. Sin embargo, 13 proyectos de vías 5G están por debajo del 5%, afectando más de 1.000 kilómetros de vías y con costos de 9,4 billones. Hoy cerca del 30% de los costos de un producto son transporte, lo que es sumamente alto y afecta la competitividad de nuestros productos. El país necesita avanzar y desarrollarse, para lo cual la inversión privada es fundamental, como lo es también en el desarrollo de infraestructura. El sector constructor, que en 2016 pesaba el 7,4% del PIB, hoy es del 4,1%. Seguir por el camino de destruir y dañar afectará nuestra economía, nos afectará a todos. Ojalá el gobierno recapacite. *Senadora