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Concejó aprobó proyecto de la Política Pública de Discapacidad
La concejal Alejandra Santos Durán y José Manuel Mozo, presidente de la corporación edilicia sosteniendo el proyecto de Política Pública de Discapacidad, el cual se basa en los principios de derechos humanos, que buscan abordar las diversas realidades de las personas desde la transformación de lo público, garantía jurídica, participación en la vida política y pública, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la diversidad.
El Concejo de Santa Marta aprobó en primer debate la Política Pública de Discapacidad, un proyecto presentado por la administración distrital a través de la Secretaría de Promoción Social, el cual busca garantizar los derechos y el bienestar de esta población.
El cabildante Jorge Arguelles, impulsor del debate para la aprobación de la Política Pública, manifestó su satisfacción por la acogida que el proyecto recibió por parte de los demás concejales, “este es un logro para la población que tanto lo necesita. Fueron meses de trabajo y esfuerzo, y hoy por fin vemos materializado una iniciativa que cambiará la vida de muchas personas”.
Es de notar que, el anterior documento establece acciones concretas que buscan promover los derechos de las personas con discapacidad en áreas fundamentales como el acceso a servicios de salud, educación, empleo y participación política. Además, busca transformar la ciudad en un lugar accesible y seguro para todos sus habitantes, sin importar sus condiciones físicas o mentales.
De igual forma, el enfoque de la política se basa en los principios de derechos humanos, que buscan abordar las diversas realidades de las personas desde la transformación de lo público, garantía jurídica, participación en la vida política y pública, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la diversidad.
CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA
Es de notar que, la construcción de esta política fue un proceso participativo y consultivo, que involucró a más de 300 participantes, entre ellos personas con discapacidad, cuidadores, familiares y representantes de la sociedad civil. A lo largo de este proceso se realizaron 36 mesas de trabajo en las que los participantes pudieron aportar sus ideas y experiencias.
Finalmente, el documento se alinea con normativas nacionales e internacionales, como la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
