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Los distintos líderes gremiales del Magdalena y Atlántico han solicitado a la Comisión de Moralidad para que ponga en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, y demás entidades correspondientes, y se tomen medidas disciplinarias, fiscal y penal (si lo amerita), sobre los mandatarios municipales del corredor vial Santa Marta-Barranquilla.
Lo anterior obedece a los bloqueos constantes que se registran en el corredor vial entre Santa Marta y Barranquilla por donde se movilizan cerca de 13.000 vehículos que transportan en promedio 40.000 personas, bienes y servicios con alto valor estratégico como quiera que el 65% de su tráfico proviene del centro del país.
La misiva que aparece firmada por Silvia Medina Romero, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta; Héctor Carbonell, director ejecutivo CCI Seccional Norte; Mariana Romo Arana, directora ejecutiva Invest In Santa Marta; Javier Quintero Fragozo, presidente Comité Intergremial Magdalena; Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo Intergremial Atlántico; Manuel Fernández Ariza, presidente Cámara de Comercio de Barranquilla; Camilo George Díaz, director ejecutivo Pro Santa Marta y Alberto Vives de la Espriella, directivo Andi seccional Atlántico y Magdalena, señala que con corte a junio de 2023, se han producido en esta vía cerca de 60 bloqueos por parte de las comunidades que viven especialmente entre el tramo que comprende los municipios de Ciénaga, Sitio Nuevo y Pueblo Viejo, así como el corregimiento de Tasajera, motivados por exigencia de solución a distintas necesidades básicas.
“Con gran preocupación hemos evidenciado una ausencia absoluta de los alcaldes de los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo, quienes, como primeras autoridades y por obligación constitucional y legal tienen que dar solución a las legítimas peticiones de los habitantes de sus respectivos municipios, conservar el orden público, y garantizar el servicio público de transporte y el libre tránsito de personas, lo que evidentemente no están cumpliendo”.
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