Indígenas en el Parque Nacional, un problema que se salió de control

La presencia de unos 1.500 indígenas, en su mayoría embera, pero también de otras comunidades, en el emblemático Parque Nacional de Bogotá, desde hace más de siete meses, se ha convertido en un dolor de cabeza permanente para las autoridades de la ciudad.

A las condiciones precarias en las que viven los indígenas en el parque, que ya han provocado la muerte de dos niños, se suman los enfrentamientos constantes, el más grave de ellos el registrado este miércoles en la noche, en el que se combinaron actos de vandalismo, ataques con piedras y dardos a la fuerza pública y la retención de varias personas por algunas horas.

La situación comenzó en horas de la tarde, cuando miembros de la comunidad decidieron bloquear el tráfico de la calle séptima, la vía más importante de la capital, que es contigua al lugar.

El grupo, que incluía mujeres embarazadas, menores de edad y adultos mayores, colocó vallas en la mitad de la séptima para realizar lo que llamaron como “puntos de pedagogía y sensibilización” con el objetivo de “visibilízarnos porque llevamos siete meses acá ante es desinterés y la desidia”, según afirmó el coordinador de las Autoridades Indígenas en Bakatá, Jairo Montañez.

Sobre las nueve de la noche, después de casi tres horas de diálogos infructuosos, la Policía intervino con fuerza especial y elementos antidisturbios, mientras la comunidad respondió con piedras, ladrillos y dardos.

El enfrentamiento de la fuerza pública y de los manifestantes dejó al menos al menos 24 miembros de la comunidad indigena heridos, entre ellos cinco niños y niñas y tres mujeres embarazadas, así como siete uniformados, según el balance tanto de las autoridades indígenas como de la Policía.

Además, los indígenas rompieron vidrios de seis buses del sistema integrado de transporte público, tres carros particulares, una ambulancia y de algunos establecimientos privados ubicados en inmediaciones del Parque Nacional, según el reporte de la Policía.

El coordinador de las Autoridades Indígenas en Bakatá aseguró que el Esmad atacó de manera desproporcionada a la comunidad indigena. Por su parte, el coronel Herbet Benavídes, subcomandante de la Policía de Bogotá, señaló que los manifestantes Embera “utilizaron niños quienes estaban siendo instrumentalizados y colocados como escudos humanos”.  Así mismo, los conductores que pasaban por el lugar “fueron amenazados e intimidados”.

“Nosotros no instrumentalizamos a los niños. Acá la gran masa poblacional es de niños y mujeres. Lo que se vio anoche es una barbarie.”, dijo Sandra Rosado, representante del pueblo Wayuu.

Sobre la participación de niñas y niñas en la protesta, la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostuvo que son actuaciones ilegales que no van a tolerar las autoridades de Bogotá. “No solamente es inhumano y es injusto, es un delito con más de 10 años de carcel” aseguró la mandataria, quien anuncio que el distrito presentará la respectiva denuncia ante la Fiscalía por la manipulación de los niños por parte de los indígenas adultos.

Aseguró también, que “el Parque Nacional no es el sitio adecuado para que permanezca ninguna familia, ni bogotana ni indígena” por lo que dijo que la situación solo tiene una solución: el retorno seguro a sus resguardos con plenas garantías.

Insistió, una vez más,  que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa son los que deben garantizar el control territorial para que  ninguna personas y mucho menos una comunidad vulnerable se tenga que desplazar por la violencia.

SIN RETORNO

Pese al interés de las autoridades de que haya un pronto regreso de los indígenas a sus comunidades, las 536 familias que permanecen asentadas actualmente en el Parque Nacional, según cifras oficiales, se niegan a volver a sus territorios de origen, en Chocó, Risaralda y Cauca, porque consideran que no tienen garantizadas las condiciones de seguridad.

También se niega a ser reubicados en otros albergues provisionales ofrecidos por el Distrito, los cuales son, según la Secretaría de Gobierno, tres coliseos en el sur de la ciudad, un edificio de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y el centro comunitario UPI La Florida.

“Les hemos ofrecido sistematiamente un albergue más adecuado mientras se logra organizar su retorno seguro y con plenas garantías”, dijo la Alcaldesa López, este jueves.

El pueblo indígena pide un asentamiento con condiciones dignas de habitabilidad y seguridad. Aseguran que lo coliseos deportivos no son los aptos para la habitabilidad de 1.500 personas. Los lugares ofrecidos por el Distrito están ubicados en lugares periféricos en contextos de inseguridad, es otra de las razones por la que los pueblos indígenas no aceptan estos lugares. Dicen que irán del Parque Nacional hasta el Estado les garantice soluciones estructurales.

En los siete meses de asentamiento, nueve personas de la comunidad ha fallecido, incluidos dos niños, por causas asociadas a la desnutrición.

El riesgo de que se presenten situaciones de violencia también es inminente. El martes, por ejemplo, un día antes de que estallaran los disturbios en el parque, hubo otra situación tensa que no trascendió a los medios de comunicación: un taxi atropelló a una mujer de la comunidad. Los indígenas retuvieron su vehículo y solo la intervención de la Policía impidió que la situación pasara a mayores.

/Colprensa