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El Caribe podría sufrir un apagón eléctrico: Contralor
EL Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado al Gobierno, a los ministerios y superintendencias involucradas, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades.
La Contraloría General de la República alertó que más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada), podrían sufrir racionamientos y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía.
Todo esto porque existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En ese contexto, el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado al Gobierno, a los ministerios y superintendencias involucradas, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas, entre ellas, aquellas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía.
«A juicio de la Contraloría General de la República, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de ‘la opción tarifaria’, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe», señaló el órgano de control.
La Contraloría también llamó la atención acerca de que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por estas «a pesar de ser una situación de especial gravedad.
Finalmente, el ente de control puso de presente a las autoridades locales la no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades públicas es otro factor que afecta la prestación del servicio.
Respecto de esta situación existen circulares de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que advierten sobre la gravedad de tal conducta, además de constituir presunta falta disciplinaria contra la hacienda pública.
LA DEUDA DEL GOBIERNO
La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) aseguró que el Gobierno debe $1.3 billones a comercializadoras de energía con corte al mes de agosto, por concepto de subsidios otorgados a estratos 1, 2 y 3.
De acuerdo con el dirigente gremial José Camilo Manzur, el presupuesto de este año tendría un déficit de $2 billones para entregar a estas empresas, lo que termina generando repercusiones en otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos a nivel nacional.
A agosto 31/24 el Gobierno Nacional les adeuda a las empresas 1.3 billones de pesos por subsidios ya otorgados. Adicionalmente el presupuesto del 2024 y del 2025 estarían deficitarios en subsidios por 2 billones. Urge pagar y apropiar los recursos para los usuarios más, escribió en sus redes sociales Asocodis
Esta situación afectaría especialmente a hogares ubicados en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). Actualmente el el esquema de subsidios funciona de la siguiente forma: hasta del 60% para el estrato 1, hasta el 50% (estrato 2) y 15% (estrato 3).
El incumplimiento en el pago de los subsidios sobrados a través de la factura de energía a los operadores de red con el mercado mayorista, configuran un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio, lo que implica incluso una posible interrupción o suspensión del servicio de energía.
Desde este sector se pide al Gobierno Nacional tomar acciones prontas para evitar que los hogares lleguen a tener cortes futuros en materia de energía.
