´Retrasos en la cárcel de San Ángel son una amenaza para la obra´

El Ministerio Público advierte que el patrimonio público está en riesgo ya que apenas el proyecto muestra un avance del 34 por ciento.

Lo que inició como una solución a mediano plazo de contrarrestar el hacinamiento que presentan las cárceles de algunas ciudades del Caribe colombiano, ahora se ha convertido en un caso de elefante blanco en el Magdalena. Y lo que es peor, con un enorme detrimento patrimonial. ´Hoy estamos en el peor de los escenarios: un proyecto siniestrado, sin recursos para poder continuar, y unas cárceles con una superpoblación de internos´. El diagnóstico lo hizo el diputado Yohan Pinedo Panetta, al lamentar la situación que se presenta con el proyecto penitenciario de Sábanas de San Ángel.

A la Procuraduría General de la Nación le preocupa que cuatro años después de iniciarse los trabajos de construcción de la Cárcel de Mediana Seguridad en el municipio de San Ángel, en el centro del Magdalena, solo presenta un avance del 34.9 por ciento de su ejecución.

Igualmente, a la Oficina del Ministerio Público, le preocupa que entre esta cárcel de mediana seguridad en el Magdalena y la que se construye en Riohacha con un avance del 48.14 por ciento se han invertido más de 400 mil millones de pesos y hoy presentan saldo en rojo.

“Un panorama desalentador halló la Procuraduría General de la Nación, sobre los avances que presentan las obras de construcción de cárceles, en Magdalena y la Guajira, que después de 4 años, a la fecha, presentan un saldo en rojo”, dice el informe.

La alerta la hace el ente de control después de requerir información a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC- sobre estos proyectos que, por sus atrasos, representan riesgos al patrimonio público por las altas inversiones presupuestales de más de 400 mil millones de pesos.

Entre la documentación revisada, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública encontró que las obras de avance de la cárcel de mediana seguridad en la población de San Ángel, Magdalena, con capacidad para 1914 reclusos, apenas presenta una ejecución del 34,94 por ciento.

La situación no es diferente en Riohacha en donde también se construye una cárcel de mediana seguridad y sus trabajos de ejecución apenas llegan al 48,14 por ciento.

Lo anterior evidencia que las modificaciones a los cronogramas y los constantes retrasos en la ejecución de las obras no han permitido el cumplimiento de las condiciones inicialmente pactadas, afectando las metas en cuanto a la disminución del hacinamiento en los establecimientos de reclusión y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Para la Procuraduría es posible que se haya vulnerado el principio de planeación en materia contractual con respecto a la estimación de los plazos de culminación de las obras, debido a que después de aproximadamente cuatro años desde la suscripción de los contratos de obra e interventoría únicamente se evidencia una ejecución contractual que a la fecha no supera al 50 por ciento.

En ese sentido, el ente de control instó a la USPEC para que adopte los mecanismos jurídicos, financieros y técnicos que sean necesarios y así evitar nuevas modificaciones de las condiciones contractuales y prórrogas que impidan el cumplimiento de entrega de las obras, previstas para junio y diciembre de 2025.

EL PROYECTO

Recordemos que se trata del proyecto concebido bajo el gobierno de Iván Duque, el cual a través del Inpec fijó desarrollar la construcción de un centro carcelario en el municipio de Sabanas de San Ángel, con la aspiración de  abrir 1.974 cupos para la población privada de su libertad, especialmente la confinada en las ciudades de Santa Marta y Riohacha.

Sin embargo, el proyecto viene recibiendo alarmas y advertencias desde hace rato por parte de la Contraloría General de la República, órgano de control que ha puesto la ´lupa´ en los eventuales sobrecostos en la construcción de la edificación.

En ese informe de auditoría de la Contraloría se dijo que estarían en juego unos 291.497 millones de pesos que fueron destinados para la ejecución de la obra y equipamiento de centro reclusorio, de los cuales más de 275.000 millones estaban destinados a su construcción y otros 16.000 para trabajos de interventoría. El órgano de control informó que el proyecto, al que se le adjudicaron contratos hace más de tres años, hoy se encuentra solo en algo más del 30 % de avance.

GRAVES FALENCIAS

Además, la Contraloría determinó que para la ejecución de la obra no se hicieron estudios previos para la estructuración de comunicaciones, ni diseños de factibilidad y expansión de la red externa eléctrica. El ente de control también advirtió que el proyecto lleva paralizado más de cinco meses, luego de que se suspendieran labores por inconvenientes en la zona.

En el informe entregado a la Dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el ente de control advierte que, de no reiniciar las labores de construcción en el menor tiempo posible, existe un grave riesgo de detrimento al patrimonio del Estado.

“La prolongada suspensión de la obra genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento” señaló la entidad de control.

LA ADVERTENCIA

La Contraloría General de la República también emitió una advertencia a la Uspec. Según la entidad “hay una alta posibilidad de que se vea inmersa en situaciones de carácter judicial, por cuenta de las acciones que puedan iniciar el contratista y la interventoría, ante la extensa suspensión del contrato y los daños derivados”.