Las competencias son el núcleo esencial de la función pública. Los cargos públicos requieren de un conjunto específico de habilidades, conocimientos y experiencias que permitan a los funcionarios tomar decisiones informadas, ejecutar políticas con eficacia y gestionar recursos de manera responsable. La complejidad y desafíos que enfrenta Colombia, desde la implementación de políticas públicas hasta la gestión de la economía, la seguridad, la ciencia, el deporte, la erradicación de la pobreza y la garantía de derechos, solo por mencionar algunos, reclama líderes y funcionarios preparados en conocimientos técnicos, que tengan la capacidad de aplicarlos en la práctica. Además, la preparación adecuada de los funcionarios permite que las políticas sean implementadas de manera coherente y enfocadas en el bien común. Las competencias no solo se limitan a conocimientos técnicos, sino también a habilidades de liderazgo, ética y capacidad de resolver problemas en entornos cambiantes. De modo semejante, la Constitución en su artículo 6 fija un principio fundamental de responsabilidad que diferencia a los servidores públicos de los particulares. Mientras que los ciudadanos responden ante la ley únicamente por violar la Constitución o las leyes, los servidores públicos tienen responsabilidad adicional y deben responder por omisión o extralimitación de sus funciones. Esto exige un estándar mucho más alto para todos los que asuman cargos públicos, dado que sus acciones o inacciones tienen un impacto directo en la gestión del Estado y el bienestar de la sociedad. Por ello, quienes ocupan la responsabilidad pública deben estar calificados para asumir la dignidad y el apostolado que implica desarrollar la cosa pública. Por el contrario, se viene insistiendo en desconocer la exigencia normativa y de la sociedad, y cambiarlo de facto por las competencias, pero en activismo. Lo que incluye influencers efectivos en conectar audiencias, pero que a menudo carecen de la formación técnica, la experiencia en gestión y la comprensión de los procesos burocráticos necesarios para implementar políticas efectivas y sostenibles. En la cosa pública no basta con ser visible o carismático. Es crucial tener la habilidad de analizar contextos, desarrollar estrategias basadas en datos y tomar decisiones informadas que promuevan el bienestar colectivo. El camino hacia la transformación social no depende únicamente de buenas intenciones o de la visibilidad mediática; requiere una administración pública sólida, competente y preparada. Si bien es indiscutible que las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con la ciudadanía, la gestión de un país requiere mucho más que habilidad en redes. Las competencias personales, no son sólo diferentes, sino opuestas. Se presenta un desafío adicional: la superficialidad, con una mirada simplista de los problemas que enfrenta el país. La cosa pública no es un concurso de popularidad, ni se trata de ganar seguidores; se trata de mejorar la vida de los ciudadanos. La administración pública es una ciencia, requiere entendimiento de las políticas, procesos e impacto. La falta de competencias y conocimientos técnicos genera desconfianza en la ciudadanía y en los mismos funcionarios que, con preparación y experiencia, ven cómo su trabajo se ve afectado por la ineficacia de quienes improvisan. ¡Y lo que nos cuesta! Es la preparación en estos tres pilares (ciencia, responsabilidad y ética) lo que asegura que las políticas públicas respondan a las necesidades inmediatas de la gente, al desarrollo sostenible y al bienestar a largo plazo. Es el funcionario preparado quien tiene la capacidad de gestión con enfoque estratégico, orientado a resultados y con una clara comprensión del impacto de sus decisiones en la vida de los ciudadanos. Así podrá estar al frente del constante escrutinio, la rendición de cuentas y modelo de gobierno abierto que reclama la ciudadanía. *Exdirectora del ICBF