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Puente ´Michichoa´:383 días colapsado
El desplome del puente causó la muerte inmediata de una persona en motocicleta, debido al colapso del puente bajo el peso de un camión. Tras el colapso de la estructura en julio del año pasado, la comunidad sufre retrasos en la atención médica y aumentos en los precios debido a la falta de acceso.
Desde el colapso del puente que conecta a Santa Bárbara de Pinto, hace más de 383 días, los residentes han tenido que usar un peligroso paso improvisado para peatones y motos.
La crisis en los municipios de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, originada por el colapso del puente Michichoa hace más de 383 días, se agrava con cada día que pasa sin que haya señales claras de solución. Este puente, que representa una arteria vital al conectar ambos municipios, se desplomó a principios de julio del año pasado. Desde entonces, la región ha sido sumida en una profunda crisis económica y social, afectando de manera drástica la vida de sus habitantes y sus medios de subsistencia.
El impacto del colapso del puente ha sido devastador, desencadenando una serie de problemas que han intensificado la crisis, la falta de una vía de comunicación adecuada ha impedido que los residentes accedan a servicios esenciales, incrementando el aislamiento de la región. En este contexto, los concejales locales han tomado medidas extremas para atraer la atención sobre la situación. Han lanzado un video viral en redes sociales en un esfuerzo por presionar al gobernador del departamento, Rafael Martínez, para que actúe con celeridad. Alexander Aguilar Díaz, presidente del Concejo Municipal, ha expresado su frustración: “De manera respetuosa le hacemos un llamado al gobernador Rafael Martínez para que tome cartas en el asunto y subsane esta situación de una vez por todas.”
La falta de acceso adecuado ha generado una serie de dificultades severas para la comunidad. Entre los principales problemas se encuentran:
– Aumento en los precios de productos básicos: La intransitabilidad de la vía ha llevado a una escalada en los precios de los productos esenciales. Las tiendas locales se ven obligadas a aumentar los costos para compensar los altos gastos de transporte, lo que impacta directamente en el poder adquisitivo de los residentes y en su capacidad para cubrir necesidades básicas.
– Retrasos críticos en la atención médica: La comunidad enfrenta largos retrasos para acceder a servicios médicos, poniendo en riesgo la vida de los pacientes que necesitan tratamiento urgente. La falta de transporte adecuado no solo retrasa el acceso a la atención médica, sino que también aumenta el riesgo de complicaciones y de emergencias no atendidas a tiempo.
– Colapso del comercio local: La imposibilidad de transportar mercancías de manera eficiente ha llevado al desplome de la actividad económica en la región. Los comerciantes locales enfrentan dificultades para obtener y distribuir productos, lo que afecta la viabilidad de los negocios y contribuye al deterioro económico general de la zona.
Adicionalmente, el concejal Henry Centeno se ha sumado al clamor general, solicitando no solo la reparación inmediata del puente Michichoa, sino también la rehabilitación de 22 kilómetros de vías cruciales, incluyendo la carretera Pinto-Cundinamarca. Esta petición refleja la necesidad de una intervención integral que aborde no solo el puente colapsado, sino también otras infraestructuras esenciales para la conectividad de la región.
En cuanto a la situación actual, Nidia Andrade, otra concejala involucrada en la denuncia, ha expresado su descontento con la falta de respuesta de las autoridades: “Nos sentimos abandonados por la máxima autoridad del departamento del Magdalena. La falta de respuesta ha generado pérdidas irreparables en el sector económico y está perjudicando nuestra calidad de vida.” Este sentimiento de abandono resuena en toda la comunidad, que se siente cada vez más desesperada ante la inacción de las autoridades responsables.
La crisis ha llevado incluso a la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la cual ha emitido un comunicado urgente instando a la administración departamental a tomar medidas inmediatas para solucionar el problema. En su misiva, advierte sobre el riesgo potencial de accidentes debido a posibles aumentos súbitos en el caudal del río y solicita un informe detallado sobre las acciones tomadas hasta el momento, así como un plan de acción concreto para la restauración del puente.
Como resultado de la falta de respuesta oficial, la comunidad ha comenzado a reparar el puente de manera rudimentaria, en un intento desesperado por restaurar la funcionalidad de la vía. Sin embargo, estas reparaciones temporales no solucionan el problema a largo plazo. La situación sigue sin resolverse, y los residentes de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto se encuentran en una situación cada vez más precaria, esperando con urgencia una solución efectiva que permita mejorar sus condiciones de vida y restablecer la vital conexión que une a sus municipios.
