La Fiscalía reveló las pruebas de la estructura criminal para desviar fondos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Hay nuevo implicado: César Manrique. La fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia María Cristina Patiño volvió a sorprender al país al dar a conocer ayer varias pruebas con las que se confirmaría que Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rocero, conformaron una estructura criminal con el objetivo de desviar dineros destinados a contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre. Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra los tres imputados, la fiscal  señaló también a César Manrique, director de Función Pública como participe del entramado criminal. Además, López reconoció que la estructura también tenía como objetivo apropiarse de recursos de la Agencia Nacional de Tierras, que serían retirados de la entidad a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. “Voy a, primer punto, narrar, cómo construimos unas organización criminal, dirigida a apropiarse de unos recursos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en la Agencia Nacional de Tierras por valor de 100.000 millones de pesos”, afirmó Olmedo López en la diligencia. La fiscal explicó cómo se construyó la estructura, pues con un organigrama, señaló que Olmedo López y César Manrique, fueron las cabezas de este entramado de corrupción y en el siguiente nivel, estaría el asesor jurídico de la dirección de Gestión del Riesgo, Pedro Rodríguez, quien tendría relación con el empresario Luis Eduardo López Rocero, dejando como pieza más baja, a Sneyder Pinilla y Luis Carlos Barreto, entonces subdirectores de la UNGRD. Según el organigrama, el empresario pastuso sería el eje de la estructura, pues tendría relación directa con Olmedo López y César Manrique, pero también acordando puntos de los negocios irregulares con Pedro Rodríguez, además de solicitar ayuda para recibir los dineros de las órdenes de Sneyder Pinilla y Luis Carlos Barreto. Estas pruebas serán entregadas a las partes para que se pronuncien al respecto para dar su punto de vista sobre la medida de aseguramiento. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó un organigrama que vincula a César Manrique Soacha, actual director del Departamento de Función Pública, como uno de los líderes de la red criminal. Manrique Soacha, junto con López y Pinilla, habría participado en la desviación de recursos destinados a desastres. Patiño detalló que las empresas de López Rosero se adjudicaron contratos por un total de $108.257.981.468. Se alegó que el contratista pagó coimas del 13% y un porcentaje adicional a Pinilla. Además, se suscribieron 21 órdenes de trabajo con irregularidades que suman más de 228 mil millones de pesos. La fiscal también precisó que López Rosero se apropió de $7 mil 821 millones 21 mil 723 pesos, mientras que Olmedo López se quedó con $724 millones  millones y Sneyder Pinilla con $342 millones provenientes de los contratos vinculados con las empresas de ‘El Pastuso’. Otro hecho señalado se trató de que Olmedo López, en coordinación con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, dirigieron contratos hacia Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y Carmen de Bolívar, Bolívar, en beneficio de ciertos senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso. Además Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), también habría solicitado a López obtener contratos por $60.000 millones para Iván Name y más de $10.000 millones para Andrés Calle. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó un esquema criminal que incluye a los tres imputados y también a otras tres personas previamente mencionadas, dándoles un mayor grado de responsabilidad en lo que denominan una organización delictiva. La mayor sorpresa fue la inclusión de César Augusto Manrique Soacha, jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública, al mismo nivel que Olmedo López, como artífices del desvío de fondos. Además, la fiscal detalló que Olmedo López, en coordinación con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, dirigieron contratos hacia Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca; y Carmen de Bolívar, Bolívar, en beneficio de ciertos senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso. Entre los mencionados están Julio Elías Chagui, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya. Patiño también expuso que entre el 18 y 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), solicitó a Olmedo López obtener contratos por 60.000 millones de pesos para Iván Name y más de 10.000 millones de pesos para Andrés Calle. Estos contratos se convirtieron luego en pagos en efectivo, con 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle. Olmedo López pasó esta instrucción a Sneyder Pinilla para asegurar los fondos.