El abogado Rigaúl Sanclemente, quien fue condenado a más de nueve años de prisión por hacer parte de una red de funcionarios judiciales que cobraba coimas para cambiar fallos en procesos de restitución de tierras en el Meta, volvió a recibir una nueva sanción, esta vez por pasar por litigar a favor de dos personas. El caso contra Sanclemente se remonta al 9 de junio de 2016, cuando agentes de la Policía y el CTI de la Fiscalía desplegaron un operativo para desmantelar una presunta red dedicada al cobro de sobornos para emitir fallos favorables a algunas personas, respecto de la entrega de tierras en los Llanos Orientales. Entre ellos, la recepción de una gruesa suma de dinero que estaría relacionada con la restitución de un predio de 1.800 hectáreas en el departamento del Vichada y para cuya adjudicación habrían cobrado $100 millones a un ganadero de la región. En el marco de esas labores, las autoridades capturaron a Carlos Moreno Acevedo, juez de restitución de tierras; Ana María Arias Trujillo, asistente de su despacho; y Rigaúl Sanclemente, quien para ese entonces era escribiente del centro de servicios de los juzgados penales del circuito especializado de Villavicencio. Por esos hechos, Sanclemente fue sentenciado a 118 meses de prisión por el delito de concusión y multa de 88 salarios mínimos, además de una inhabilidad. Pero la Comisión Nacional de Disciplina judicial descubrió que Sanclemente no respetó la inhabilidad que reposaba en su contra y en 2019 recibió poder de dos ciudadanos para adelantar procesos ejecutivos que fueron radicados en mayo y septiembre de ese año ante los Juzgados 25 y 27 Civil del Circuito de Bogotá. Incluso, la Jurisdicción Disciplinaria pudo constatar que sus actuaciones en esas demandas se prolongaron hasta el 21 de enero de 2021. "Si bien es cierto que el 15 de enero de 2019, el investigado solicitó autorización para trabajar como abogado litigante, dicha solicitud le fue negada, y aunque reiteró la petición el 25 de noviembre del mismo año, el 14 de marzo de 2020 la justicia le dijo que no estaba autorizado para litigar", detalló la Comisión. "Así las cosas, fue declarado responsable disciplinario por no respetar la prohibición de ejercer la profesión estando inhabilitado, pues a pesar de ello aceptó poderes para promover demandas en nombre de otros y ejecutó actos de defensa judicial a sabiendas de que no podía hacerlo", agregó. /Colprensa