Un total de 191 casos de trata de personas fueron registrados durante el primer semestre de 2024, según el Observatorio del Delito de Trata del Ministerio del Interior, informó este martes la Procuraduría General de la Nación. Este fenómeno, que afecta principalmente a mujeres de 18 a 26 años, se caracteriza por un alarmante 76.5% de víctimas reclutadas con fines de prostitución y explotación sexual. Además, se reportaron 17 denuncias de jóvenes entre 12 y 17 años. El informe del ente de control también resalta que se han recibido 49 quejas a través del correo electrónico noalatrata@procuraduria.gov.co. Estos casos han sido derivados al Comité Operativo para la Atención a la Trata de Personas (COAT) del Ministerio del Interior que se encarga de coordinar el sistema de atención integral para la restitución de los derechos humanos y fundamentales de las víctimas, proporcionando un apoyo esencial en la protección y recuperación de las personas afectadas. Las cifras revelan que la trata de personas sigue concentrándose en varias regiones del país, con una alta incidencia en Norte de Santander, Antioquia y Bolívar. Uno de los testimonios destaca la gravedad de la situación: "La primera vez que me prostituyeron tenía 17 años… fue mi pareja. Él me llevó a vivir y me obligó a tener relaciones con sus amigos y ellos le pagaban… Me tenía prácticamente secuestrada, me golpeaba mucho, luego me empezó a explotar con más hombres desconocidos…”, relato ha sido reportado al Ministerio del Interior. La Procuraduría advirtió que las cifras actuales podrían subestimar la magnitud del problema. Las redes criminales detrás de la trata de personas son hábiles para ocultar sus actividades ilegales, y en algunos casos, los familiares de las víctimas pueden estar involucrados o al tanto de la explotación, especialmente cuando se trata de menores de edad. Asimismo, enfatizó la necesidad de intensificar la vigilancia sobre la respuesta institucional a la trata de personas y subrayó la importancia de desincentivar la demanda de explotación sexual y laboral, y fomentar que las víctimas se reconozcan como tales.