La defensa del Álvaro ‘el Gordo’ García presentó una segunda acción de tutela ante el Consejo de Estado en contra del presidente Gustavo Petro, en la que solicita que se abstenga de realizar declaraciones denigrantes hacia el ex senador. En este recurso, los abogados de García piden que se ordene al mandatario abstenerse de realizar declaraciones que puedan ser consideradas denigrantes y que atenten contra la dignidad humana del exsenador, quien cumple una condena de 40 años de prisión. La controversia se desató el 16 de julio, cuando Petro, durante la sanción de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar, se refirió a la clase política de Sucre como "arrodillada al paramilitarismo". Además, el primer mandatario afirmó que un senador de la región asesinaba opositores, fiscales y campesinos para mantener el control político. La defensa de García considera que estas declaraciones lo aluden directamente, implicando que utilizó el asesinato para mantenerse en el poder. En la nueva acción de tutela, los abogados de García solicitan que se prohíba al presidente Petro realizar en el futuro declaraciones públicas que puedan incitar a la sociedad y afectar la reputación de García, especialmente en un contexto judicial. También piden que se evite cualquier comentario que pueda influir en otras ramas del poder público, particularmente en la justicia, para asegurar la independencia de estos órganos. La situación de García se complica aún más tras la decisión del 23 de julio de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó de manera definitiva su solicitud de libertad. El exsenador fue condenado por su participación en la masacre de Macayepo, ocurrida en el año 2000, cuando paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María asesinaron a 15 campesinos y desplazaron a miles de personas. García fue señalado como colaborador de estos grupos y acusado de facilitar el desplazamiento de unas 4 mil personas. En respuesta a esta negativa, García interpuso un recurso de 'habeas corpus' ante la misma Corte, exigiendo la revisión de la legalidad de las decisiones que han mantenido su detención. En este recurso, solicita que se ordene su libertad inmediata, argumentando la protección de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un debido proceso, un plazo razonable y la dignidad humana. García también solicita que, de no prosperar el 'habeas corpus', se adopten las medidas necesarias para restablecer sus derechos. La defensa de García continúa su lucha legal, mientras el exsenador enfrenta un panorama judicial complicado y una condena que lo mantiene tras las rejas. /Colprensa