Contundente conclusión de Fiscalía en torno a que existió un entramado criminal para saquear los presupuestos para atender emergencias, sigue cobrando altas cabezas de la Casa de Nariño y podría tener repercusiones políticas y judiciales de mayor espectro. Por Camilo García El entramado de corrupción que ocurrió en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) ha salpicado desde funcionarios de esa entidad hasta ministros, personas cercanas a la Presidencia, senadores y empresarios. Señalamientos que confirmó la Fiscalía durante la audiencia de imputación contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de esa entidad, así como al contratista Luis Eduardo López y que ya causó la primera salida del Gobierno, la de Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una "organización criminal", como lo denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas. Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como "El pastuso", quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra, además de cuestionamientos en el traslado de $100.000 millones de la Agencia Nacional de Tierras. Y es precisamente en todos ellos donde, de una forma u otra, fichas del gobierno de Gustavo Petro habrían tenido intervención. En el caso de la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a La Guajira, la investigación dio cuenta de que López y Pinilla se aliaron con López Rosero para entregarle dichos contratos por un valor de $108.000 millones, a cambio de un 13% de coimas. Pero todo no para ahí. Con el dinero ganado ilegalmente, según la investigación, Olmedo López habría entregado $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y de $1.000 millones a Andrés Calle, su par en la Cámara de Representantes, por presunta orden directa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hasta este viernes director del DNI. En este mismo hecho estaría involucrado también el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Un informe de Noticias Caracol reveló una declaración de Pinilla en la que aseguró que Olmedo López le habría ordenado, el 26 de septiembre del 2023 en Riohacha, conseguir el dinero del soborno para entregar a los expresidentes del Senado y Cámara, y que cuando decidió preguntarle sobre el origen de esos dineros, este le respondió que para eso el ministro de Hacienda le había enviado $700.000 millones a la UNGRD. Pero la intervención del ministro de Hacienda iría mucho más allá. La Fiscalía dijo que Bonilla habría sido quien coordinó el direccionamiento de los contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca). "En los cuales estaban interesados indebidamente congresistas de las comisiones terceras de Senado y Cámara", explicó la Fiscalía. Se trataba de Karen Astrith Manrique, de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional; Julio Elías Chagüi, de la Unión por la Gente; Wadith Alberto Manzur, del Partido Conservador; Julián Peinado, del Partido Liberal; Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde; Liliana Esther Bitar, del Partido Conservador; y Juan Pablo Gallo Maya, del Partido liberal, contra quienes la Fiscalía ya compulsó copias.

OTROS HALLAZGOS

La Fiscalía encontró irregularidades también en el traslado de $100.000 millones que la UNGRD tenía con la Agencia Nacional de Tierras. Lo que encontró el ente investigador es que por permitir el desvío de ese dinero, a través presuntamente de César Augusto Manrique, director de Función Pública, y Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de UNGRD, este permitió que dichos funcionarios “direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas”, precisó. El órgano investigador también mencionó a Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño. Según los documentos, Romero estuvo involucrado en los contratos de obra pública en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y el Carmen de Bolívar (Bolívar), porque envió varias hojas de vida. El exministro del Interior Luis Fernando Velasco también ha sido señalado en el contexto de un supuesto “cónclave” desde donde se habrían orquestado los actos corruptos para ordenar comprar congresistas./Colprensa