Hay riesgo en programa de la Primera Infancia Wayúu

La Procuraduría General de la Nación informó que halló inconsistencia en los procesos de selección de los operadores de los contratos para dar cobertura a través del programa primera infancia a las comunidades Wayúu, en La Guajira, por lo que pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF-, información al respecto.

En sus acciones preventivas, “evidenció que el cambio de modelo para la atención integral de los wayuu en los municipios priorizados de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio de por lo menos 80 mil familias”.

Para la Procuraduría no hay un censo claro que permita determinar con certeza a cuántas comunidades, familias e individuos se les proporciona la atención. En el mismo sentido se han evidenciado situaciones que deben ser objeto de análisis y revisión como los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para la escogencia de los operadores.

Recuerda el ministerio público que la Sentencia T-302 de 2017 que declara el estado de cosas inconstitucionales frente a la comunidad Wayúu, en La Guajira, los incumplimientos y abandono por parte del Gobierno Nacional se siguen dando en materia de salud y educación.

Finalmente se indicó que ante la grave situación y queriendo evitar que la comunidad Wayúu quede desprotegida, el despacho de la procuradora Hernández citó para el próximo 20 de junio a la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres.