La deuda que asumirá el Gobierno por la opción tarifaria reduciría casi 20% el recibo de la luz

El anuncio del presidente Gustavo Petro de que la Nación pagará la deuda de la llamada Opción Tarifaria, que suma $5 billones —de los cuales cerca del 50% corresponde a la Costa Caribe—, generó reacciones a favor y otras que advierten algunos riesgos.

“Hemos acordado que la Nación paga esas deudas a cambio de favorecer a las familias”, señaló el jefe de Estado, y le dio instrucciones al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, para que se proceda a la titularización de esa deuda en cabeza del Ejecutivo.

Lo anterior, en lugar de refinanciar esa deuda a través de un crédito otorgado por Findeter a las empresas para solventarlas, tal como proponía inicialmente el MinEnergía, pues el presidente afirmó que eso sería “tapar un hueco con otro hueco”.

Hay que recordar que los habitantes de la Costa llevan años pagando unas facturas de la luz que muchas veces triplican o cuadruplican lo que paga un usuario del mismo estrato en el interior del país.

Tal como lo reportó EL COLOMBIANO, solo en marzo de 2024 los usuarios de estrato 1 pagaron por el servicio de energía eléctrica entre $107.002 y $116.725 en promedio (dependiendo de la empresa que les presta el servicio, sea Air-e o Afinia), mientras que en Medellín el promedio era de $34.156 (EPM).

En el caso de los estratos 4, que no tienen ningún subsidio, en la Costa pagaron promedios de $412.263 y $441.272, mientras que en Medellín llegaba por $140.229.

 ¿Servirá?

Los primeros que celebraron y apoyaron la decisión del Gobierno fueron los gremios de empresas comercializadoras y distribuidoras de energía, quienes afirmaron que esto podría implicar una reducción entre el 7% y el 19% de la tarifa actual que pagan los colombianos.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, afirmó que desde hace meses le estaban insistiendo al Gobierno que se necesitaban recursos propios de la Nación para bajar las tarifas.

“Es un dinero que el Gobierno va a destinar para no cobrarle a los usuarios y que le tocará poner del Presupuesto de la Nación, o buscar opciones como la titularización. Pero es bueno porque vamos a evitar una crisis importante para el sector”, manifestó Sánchez.

Desde la óptica del exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, de la misma manera que al amparo de la declaratoria de la Emergencia Económica por parte del entonces presidente Iván Duque se dispuso apoyar a las empresas con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), para evitar el despido de trabajadores y apoyar el pago de la prima de servicios, en su momento se debió asumir por parte de la Nación las alzas tarifarias, pero no se hizo.

En este sentido, consideró que la decisión del presidente Petro “va en la dirección correcta y hace mucho sentido, toda vez que lo que dio lugar a la Opción Tarifaria en 2020 fue paliar el impacto de la pandemia en los ingresos. De asumirse esta deuda por parte de la Nación, tal decisión redundará en una rebaja de $200 por kilovatio aproximadamente en el valor de la factura”.

También recalcó que si se quiere solucionar la situación se deben abordar otros asuntos como el cargo en el Costo Unitario de las pérdidas reconocidas no técnicas (ocasionadas por el robo de energía) que aplican a los usuarios de Air-e y Afinia.

“De suprimirse esto los usuarios pagarían $220 menos en su factura mensual por kilovatio. Lo otro es el que hace relación al cargo por restricciones, que por disposición de la Creg lo vienen asumiendo los usuarios y que es mayor en la región Caribe que en el resto del país”, comentó.

Las dudas

Pese a que esta medida, en efecto, ayudará a la gente y solventará a las empresas de energía no solo en el Caribe sino en todo el país, para algunos analistas se debe mirar con cuidado.

Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, la propuesta le genera “serias dudas”. La primera de ellas es que no cree que legalmente se pueda asumir ese saldo pendiente con deuda pública.

“Eso no está permitido en ninguna norma de carácter legal, a menos que exista una modificación regulatoria”, comentó.

En segundo lugar, dijo, el camino adecuado sería utilizar los recursos disponibles en el Presupuesto General de Nación “que los hay de sobra porque el nivel de gasto que hoy se tiene es prácticamente el mismo de un año de pandemia en proporción al producto interno bruto (PIB)”.

Sin embargo, aún en ese caso, Restrepo señaló que se necesita autorización legal. “De cualquier manera, hoy no existe el sustento legal para esa propuesta y ya veremos cuál es el procedimiento abordado”.

Por otro lado, Carlos Vasco, profesor de la Universidad de Antioquia, opinó que si bien esto que propone el Gobierno plantea buenas reducciones en el costo de las tarifas de la luz, el meollo del asunto es que “estos recursos igual los pagaremos todos los colombianos, pero no ya en la factura sino vía impuestos”.

Esto, según Vasco, provocaría que se disminuyan inversiones públicas, por ejemplo, para pagar la deuda.

Finalmente, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, opinó que “la preocupación es que esto no solo genere desincentivos en el consumo eficiente de energía, sino también un impacto fiscal insostenible en el tiempo”.