Mancuso, el antiguo señor de la guerra que el Gobierno trae al país como gestor de paz

El exjefe paramilitar debe regresar hoy a Colombia, tras 16 años preso en EE. UU. Lo que le espera. 

Casi 16 años después de que salió en un avión de la DEA rumbo a Estados Unidos para responder por el envío de toneladas de cocaína de los grupos paramilitares hacia ese país, Salvatore Mancuso Gómez, el hombre que llegó a ser la sombra de Carlos Castaño, ha emprendido el viaje de regreso a Colombia.

Con alias como ‘Santander Lozada’, ‘Manuel’  y ‘el Mono’, este antiguo ganadero fue en su momento responsable de centenares de masacres ‘paras’ en la Costa Norte, Urabá y Antioquia. Miembro de una familia acomodada de Montería, terminó decidiendo sobre vidas, haciendas y hasta candidaturas políticas por más de una década en al menos cinco departamentos.

En el 2003, fue uno de los tres jefes ‘paras’ que fueron recibidos, incluso con aplausos, en el Congreso, en el arranque del polémico proceso de negociación. «Las Auc rehusamos aceptar que nuestro patriótico sacrificio, como padres de familia, como miembros de la sociedad, al librar esta guerra fratricida, vaya a ser en vano. El Gobierno y la Comunidad internacional no pueden desconocer, perversamente, que las Auc surgimos como respuesta a problemas concretos y urgentes de Colombia», dijo en ese Congreso, del que al menos una quinta parte terminaría condenado por el escándalo de la parapolítica.

Fue él uno de los cerebros de la estrategia de elegir alcaldes y gobernadores para saquear los presupuestos de la salud y de la educación en sus zonas de inluencia.

Los crímenes de sus hombres agrupados en cuatro grandes bloques ‘paras’ -el Norte, el Córdoba, el Catatumbo y el de Montes de María, entre los que se contaron desmembramientos, despojo de tierras, violaciones y desapariciones, están consignados en miles y miles de páginas de los tribunales de Justicia y Paz. Allí le atribuyeron responsabilidad directa por al menos 75 mil delitos.

La violación de una profesora de El Catatumbo es uno de esos crímenes. «Un grupo armado de las autodefensas del bloque Catatumbo instaló un retén sobre la vía, quienes hicieron detener el vehículo bajaron a los pasajeros, entre ellas siete mujeres a las que separaron del grupo de viajeros, es así como tres de ellos, contra su voluntad obligan a la docente y la llevan a una zona enmontada y la accedieron carnalmente mediante violencia», se lee en una de las condenas contra Mancuso por los actos cometidos por sus subalternos.

Considerado uno de los grandes capos del norte del país, sus vínculos -incluso familiares- con la mafia de Calabria le permitieron ampliar sus redes de distribución de coca a buena parte de Europa.

Ahora, casi dos décadas después, Mancuso llegará con un polémico nombramiento como ‘gestor de paz’ del gobierno del presidente Gustavo Petro, con la inconformidad de miles de víctimas que le siguen reclamando verdad y reparación y con decenas de procesos aún pendientes, tanto en Justicia y Paz –la jurisdicción que investigó a los exparamilitares que negociaron la paz con el gobierno de Álvaro Uribe– como en la justicia ordinaria.

Pero, sobre todo, llegará rodeado de incertidumbres. La primera, cuál es la intención del Gobierno -en buena medida, impulsada por el suspendido canciller Álvaro Leyva- al reencauchar a antiguos jefes paramilitares que hace años tuvieron, ante Justicia y Paz, su oportunidad de confesar sus crímenes y la identidad de sus socios en la política y el establecimiento.

Además de Mancuso,  Leyva se ha acercado a alias ‘Macaco’, sanguinario exjefe ‘para’ que fue expulsado de Justicia y Paz precisamente por no colaborar con el esclarecimiento de los crímenes y aliados de su bloque, el Central Bolívar, que llegó a ser el más grande de las Auc.

Las funciones de Mancuso no están claras.

Mancuso, que se sepa, no tiene relación o ascendiente sobre las organizaciones ilegales que han pedido pista en la ‘paz total’, si bien es claro que el ‘clan del Golfo’ tuvo sus orígenes, hace ya 20 años, en los antiguos grupos paramilitares que él comandaba. ¿Cumplirá el papel de acercarse al ‘clan’, y eventualmente poner en evidencia relaciones que el país no conocía y complicar más su ya enredada situación jurídica?

Este diario supo que algunos de sus asesores legales le recomendaron el año pasado no tomar ese camino, pero el exjefe ‘para’  busca a toda costa blindar su futuro jurídico a través del reconocimiento del Gobierno y con el cupo condicionado que ya le dio la JEP por su «rol de bisagra en la cúspide, como superior, con la fuerza pública, con capacidad de establecer patrones de macrocriminalidad».​

Ahora, tanto el exjefe paramilitar como el Gobierno han hablado de «cerrar» el proceso de paz con las autodefensas, una intención que en principio se estrella con una realidad de bulto: los grupos paramilitares que hicieron la paz con el gobierno Uribe hoy no existen.

Pero la duda de fondo tiene que ver con las nuevas pruebas que pueda aportar sobre versiones que ya dio hace casi 20 años en Justicia y Paz. A pesar del ruido que generaron el año pasado algunas de sus afirmaciones en varias audiencias de la JEP –que en su momento fueron replicadas por el presidente Gustavo Petro– hasta ahora sus declaraciones muestran pocas diferencias con respecto a las entregadas en la primera década del siglo, en plena explosión de la parapolítica. Muchas de esas versiones fueron investigadas en su momento por la autoridades, especialmente por la Corte Suprema de Justicia.

Mancuso, por ejemplo, volvió a mencionar al expresidente Álvaro Uribe en el caso de la masacre de El Aro, perpetrada por las Auc en 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Las pruebas que demuestren sus afirmaciones, como hace 20 años, siguen sin aparecer y esa es una de las razones por las que el exmandatario sostiene que su regreso apunta a una campaña orquestada por sus enemigos jurídicos para enredarlo jurídicamente.

En noviembre del año pasado, Uribe reaccionó así a la designación de Mancuso como ‘gestor de paz’: «Una cosa es un gestor de paz como Francisco Galán después de 25 años de cárcel, sin impunidad basada en mentiras; y otra cosa es un gestor de paz como Mancuso, que con mentiras consigue que la JEP acomode un malabarismo jurídico de teoría bisagra para darle libertad a cambio de no verificar mentiras».

A partir de la tarde de este martes, llegando a los 60 años, Mancuso empieza una ruta en la que sus abogados intentarán, en primera medida, lograr que un juez de Justicia y Paz de Barranquilla o el Tribunal Superior de Bogotá, vía tutela, le concedan la libertad.

Mancuso bien puede ser el jefe paramilitar que más le cumplió a Justicia y Paz. Mientras estuvo en el país hasta el 2008 y después desde su prisión en los Estados Unidos, aceptó responsabilidad por sangrientas masacres como la de La Gabarra, en Norte de Santander; El Salado (Montes de María) y por decenas de crímenes cometidos por las Auc en su expansión hacia el sur de Bolívar, antiguo santuario del Eln.

Fue él quien dijo que los ‘paras’ controlaban al menos el 40 por ciento del Congreso en el 2002 y entregó a la justicia a varios de sus parlamentarios: Miguel de la Espriella, Rocío Arias y Eleonora Pineda, entre otros, terminaron condenados por sus declaraciones, así como gobernadores y exgobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar. De esa época datan también sus versiones sobre reuniones con el exvicepresidente Francisco Santos y otras figuras públicas, que Mancuso intentó presentar como supuestos encuentros para favorecer a las Auc, una versión que hasta ahora ha sido desechada por diferentes investigaciones.

Excabeza de una ‘convivir’, Mancuso señaló también que los ‘paras’ fueron apoyados por altos generales del Ejército, entre los que mencionó al general Alfonso Manosalva y al fallecido excomandante del Ejército Orlando Carreño. Los generales Rito Alejo del Río e Iván Quintero también estuvieron entre los que mencionó como aliados de la expansión paramilitar de mediados de los 90 y comienzos de siglo.

Del balance de sus declaraciones puede decirse que buena parte de los políticos (casi todos congresistas) que salpicó ante la Corte Suprema terminaron condenados. Las investigaciones en Fiscalía y otras instancias, en cambio, avanzaron menos. Según algunas fuentes judiciales, porque muchas de las versiones del exjefe ‘para’ no pudieron ser corroboradas por falta de pruebas.

En manos de la JEP está que la veracidad o falsedad de esas afirmaciones se establezca definitivamente.

/El tiempo