Solo el CNE podrá decir si plata de Fecode a Colombia Humana fue legal

La donación de 500 millones de pesos que hizo Fecode a Colombia Humana continúa generando opiniones divididas, pues hay quienes dudan acerca de si ese dinero ingresó a la campaña del ahora presidente Gustavo Petro y no fue debidamente reportado.

En principio, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló un acta en el que consta que se giró a nombre de Dagoberto Quiroga, en ese entonces representante del partido, por concepto de: “Aporte económico para colaborar con la campaña ‘Petro Presidente 2022-2026’”.

Sin embargo, lo que ha explicado este hombre a medios de comunicación es que el partido utilizó la donación para pagarle a la empresa que vigiló el escrutinio en 2022. Siendo así, fue reportado ante el CNE a nombre de Colombia Humana.

Desde que se dio a conocer esta información, distintas personalidades de la política colombiana dieron a conocer su opinión. Del lado de la oposición, el representante Christian Munir Garcés aseguró en la W Radio que esta discusión se debe trasladar al Congreso sin ignorar ninguna prueba, pues según su perspectiva “el presidente Petro debe tener un juicio político”

“Es indigno que esté en la Presidencia con una campaña que fue corrupta”, sentenció.

María Fernanda Cabal también se pronunció para decir que si se llega a comprobar una violación de topes esta “será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”.

Y el senador Humberto de la Calle, miembro de la Alianza Verde, pero quien se declara independiente, ingresó también en la conversación para decir que más allá de las críticas que pueda recibir “con fundamento en lo que se conoce públicamente, no existió ilegalidad en esa operación. El análisis estricto de las normas permiten concluir que no constituyó un aporte a la campaña”.

Inmediatamente, y en medio de la polémica, el propio presidente Petro salió en su defensa e incluso aseguró que se trata de “una persecución política ejercida por los funcionarios de Duque que controlan la Fiscalía”.

Para indagar más sobre el tema, Colprensa consultó al analista de comunicación pública y política, Carlos Arias, quien manifestó que “el aporte de Fecode es permitido”, pero lo que hay que analizar es de qué tipo fue.

Su percepción es que “hay una frontera entre aportarle al partido o a la campaña. Cuando aportas a una campaña hay un vicio legal, pero cuando aportas al partido lo haces porque hay una afinidad ideológica de la agremiación y lamentablemente para quienes controvierten el tema, caen en un error”.

“Fecode está en todo su derecho que aportarle al partido político que quiera”, insiste.

En este sentido, recuerda que las empresas privadas acostumbran a darle dinero a las campañas de distintos políticos. En ese caso, dice, “esa empresa no debería ser contratista del Estado o debería declarar un conflicto de intereses”.

LAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS

Más allá de cualquier dilema, es evidente que esta clase de cuestionamientos sí golpean al actual Gobierno. En específico, dice el también docente de la Universidad Javeriana, que afecta a la reputación y a la narrativa del cambio.

“En el pasado, los partidos y los presidentes han roto los topes de campaña, no han declarado ingresos o han utilizado a asociaciones para sufragar los costos de una campaña que nunca cuesta lo que dicen los reportes que se le entregan al CNE, pero este Gobierno no debería incurrir en este tipo de faltas porque rompen lo que el ciudadano reclama en canje a su voto”,

En esa afectación reputacional también ha insistido Nelson Alarcón, quien fue tesorero de Fecode. Según él “los enemigos de la federación” se están aprovechando para desvirtuarla.

Para Arias, sí “hay un ataque, pero Fecode en su misionalidad está incumpliendo el rol para el que fue creado, que es defender a la educación de los colombianos”, así que no se puede dejar de lado su la responsabilidad.

Por lo pronto, únicamente el CNE es el que podrá definir si se violaron las normas y, en ese caso, se trasladará el caso a las demás instancias. Por ahora, la conversación no deja de ser un dilema ético y no tanto legal./Colprensa