El Estado y los servicios públicos

No vamos a incluir en nuestra opinión de hoy, a algunas instituciones del Estado –municipios, distritos, departamentos, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales oficiales- que administran en forma correcta y eficiente la prestación de los servicios públicos domiciliarios en nuestro país; y que reconocen, además, que su ausencia o interrupción, ponen en peligro la salud, la vida y el bienestar de las comunidades a su cargo.   El agua potable, la limpieza, la recolección y tratamiento de residuos sólidos, el alcantarillado, la energía y el alumbrado público, pertenecen a esa selecta categoría de los derechos humanos que han sido catalogados como derechos de la segunda generación, que protegen la libertad y la igualdad de los ciudadanos, y que deben ser prestados para salvaguardar la dignidad del individuo y sus colectividades.

Antes de 1.991 al concepto constitucional del llamado Estado Benefactor correspondía el cubrimiento de las necesidades colectivas esenciales de los habitantes y la prestación de los servicios públicos, y era el Gobierno entonces, quien asumía la responsabilidad de su gestión. Pero deteriorado como fue el cumplimiento del deber de control por los gobernantes, el desgreño y la casi gratuidad de estos servicios, terminaron por imponer en la Carta Política actual, la posibilidad de que estos servicios fueran prestados también por los particulares, y de esta forma se trasladaron por contratos administrativos de venta o arrendamiento, o por concesión, las regulares y permanentes funciones que cumplía el Estado de garantizarle a los ciudadanos la satisfacción de  estas necesidades.

Pero a pesar de que por orden constitucional la prestación de los servicios públicos corresponde en Colombia a una de las funciones esenciales o propias del Estado, hoy esta esencial labor casi en su totalidad pertenece al monopolio de los particulares, en donde han encontrado en un reducido número de empresas privadas y de contratistas,  la fuente de la contratación administrativa para estos servicios,  monopolios que han desestimulado, de una forma o de otra,   la eficiente y adecuada prestación de estos servicios.   Existe un concepto generalizado de que en nuestro país la prestación de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para un gran número de comunidades de la patria.   Los elevados costos de las tarifas de energía, con una pésima prestación del servicio; la carencia de alumbrado público en casi todo el territorio nacional, la falta de alcantarillado sanitario y de alcantarillado pluvial, son muestras incontrastables de una falta de control y un desempeño por debajo de los estándares

Renglones especiales merecen el servicio de agua potable y la recolección y tratamiento de los residuos sólidos.

*Abogado laboralista*Profesor universitario*Escritor