La Procuraduría General de la Nación planteó que existen riesgos en la licitación de alimentos para la población carcelaria. A menos de diez días de la adjudicación, señaló modificaciones y falta de planes alternos que podrían afectar a más de 124 mil personas privadas de la libertad.

Durante una reunión con el director de la USPEC, Ludwing Joel Valero Sáenz, el Ministerio Público destacó la obligatoriedad de cumplir con el principio de publicidad y resaltó desajustes en los cronogramas establecidos.

Se cuestionó, especialmente, sobre el plan de acción para garantizar la alimentación a partir del primero de diciembre, dado que los contratos vigentes finalizan el 30 de noviembre.

La Procuraduría también indagó sobre el plan de contingencia en caso de lotes no adjudicados y expresó preocupación por la falta de contratación de la empresa encargada de la interventoría, un contrato que supera los 800 mil millones de pesos.

Adicionalmente, el Ministerio Público resaltó la importancia de contar con un presupuesto de aproximadamente $47 mil millones para la interventoría, considerándolo fundamental, dada la magnitud del proceso contractual y la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

El ente de control destacó la necesidad de publicar todos los documentos y soportes del proceso licitatorio, incluyendo el acta de la audiencia de sorteo sobre el orden de evaluación de los grupos en la licitación pública.

«Así las cosas, el ente de control reitera que ejercerá estricto control sobre el proceso licitatorio para que cumpla con la rigurosidad de la normatividad de la contratación estatal», concluyó la entidad dirigida por Margarita Cabello.

Fuente:

RCN Radio