Jefe de Seguridad de Petro le huye a justicia ordinaria y pide sea la penal militar

La defensa del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad de la Presidencia de la República, detuvo la imputación de cargos que la Fiscalía había programado en su contra por el uso presuntamente irregular del polígrafo en la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza.

El ente acusador tenía previsto imputar a Carlos Feria, jefe de la Oficina de Protección Presidencial; al capitán Elkin Gómez, jefe de la Oficina de Polígrafo del Grupo de Estudios de Seguridad, y al intendente Jhon Sacristán, uno de los funcionarios que aplicó la prueba del polígrafo.

Sin embargo, al iniciar la audiencia ante la juez 79 de garantías, el abogado Marlon Díaz solicitó que la Justicia Penal Militar y Policial fuese la encargada de llevar el caso, no la justicia ordinaria. Su argumento principal es que los hechos investigados son parte de las funciones que tenía como miembro de la Fuerza Pública.

«En dos comunicados el ente investigador da cuenta de que mi cliente es investigado como jefe de la Oficina de Protección Presidencial», anotó el defensor, quien luego enunció varias normas en las que se reconoce a Feria como Policía protector de funcionarios de alto cargo, como el Presidente y la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia.

«Mi poderdante es miembro activo de la Fuerza Pública, estaba en ejercicio de sus funciones misionales, y hay un nexo de causalidad entre esa condición y las actividades relacionadas con el servicio», expresó Díaz, y añadió que Sarabia tenía «un nivel de riesgo demostrado y comprobado», por lo que se le debía garantizar protección..

Asimismo, indicó que «tanto el coronel Feria como las otras dos personas estaban en cumplimiento de sus funciones», aunque solo es representante del jefe de seguridad.

A su turno, la Fiscalía se opuso. «Que los aquí presentes sean miembros de la Policía no los excluye de ser juzgados por la jurisdicción ordinaria», dijo el fiscal del caso, Islen Baquero. Luego, subrayó que el fuero penal militar es excepcional y que los hechos investigados no se relacionan con su servicio.

El Ministerio Público también se opuso. La juez de garantías determinó suspender la audiencia para analizar las posiciones y los argumentos. Luego, en la tarde del 28 de noviembre, establecerá si ella es competente o si envía el conflicto de jurisdicciones a la Corte Constitucional para que dirima./Colprensa