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En entrevista con La W, el fiscal Francisco Barbosa anunció que tanto Óscar Iván Zuluaga como su hijo, David Zuluaga, serán llevados a juicio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento Ilícito de particulares.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló en primicia en W Radio que la próxima semana quedará radicado el escrito de acusación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, por los hechos de corrupción en los que estaría relacionada la multinacional brasileña Odebrecht, con la financiación de su campaña presidencia en 2014.
En entrevista con La W, Barbosa anunció que tanto Zuluaga como su hijo serán llevados a juicio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento Ilícito de particulares.
Los reveladores audios en los que se escucha una conversación entre el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el exdirector del Instituto Nacional de Vías (Invías) Daniel García Arizabaleta abrieron un nuevo capítulo dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.
En esas dos grabaciones, conocidas recientemente, se escucha al excandidato del Centro Democrático reconocer que sí recibió dineros de la multinacional brasileña y que, además, le mintió a su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y a su esposa.
También reveló que su hijo, David Zuluaga, estaría relacionado con la financiación ilegal de su campaña de 2014, un hecho que, según admitió, le preocupa. Incluso, afirmó que sería capaz de asumirlo todo para impedir que vaya a la cárcel.
Los audios desataron una tormenta política en Colombia y salpicaron al actual defensor del Pueblo, Carlos Camargo y al registrador nacional, Alexander Vega, quienes, al parecer, conocían de la filtración de dineros y aun así habrían contribuido a archivar la investigación que se adelantó contra Zuluaga en el Consejo Nacional Electoral cuando Vega era el presidente y Camargo era magistrado.
Una confesión ante un sacerdote también fue parte de la controversial conversación con García Arizabaleta. En ella, Óscar Iván Zuluaga señalaba que había encontrado un poco de paz en medio de la ansiedad que le producía lo ocurrido, además de los riesgos que representaba haber recibido el dinero de Odebrecht.
Y es que precisamente este diálogo abierto tiene a Zuluaga y a su hijo ad portas de un juicio penal, pues la Fiscalía los acusará formalmente ante un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Todo esto se conoció gracias a un principio de oportunidad que Daniel García Arizabaleta firmó con el ente acusador.
¿Quién es Daniel García Arizabaleta?
Daniel García Arizabaleta es un ingeniero vallecaucano de 48 años que ocupó el cargo de director del Invías en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y fue destituido por la Procuraduría por irregularidades en esa entidad y en Coldeportes.
Ahora, se convirtió en el principal testigo contra Zuluaga, pues al firmar el principio de oportunidad prendió el ventilador. No solo ha declarado en contra del excandidato, sino que, además, entregó los dos audios de cerca de dos horas en los que se descubrió la financiación ilegal de Odebrecht a la campaña presidencial del Centro Democrático en 2014.
Al mismo tiempo, se comprometió a contar todos los detalles desconocidos de la negociación y de otras fichas que también habrían conocido de la entrega de los dineros de la multinacional brasileña.
El pasado 27 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, volvió a negar una acción de tutela presentada por el excandidato Zuluaga para descartar el principio de oportunidad que García Arizabaleta firmó con la Fiscalía.
Con un fallo de 14 páginas, el Tribunal de Bogotá resolvió una impugnación que Zuluaga presentó contra una decisión del Juzgado Noveno Penal de Conocimiento de la misma ciudad, que se había pronunciado en su contra.
Zuluaga intentó que la justicia descartara la colaboración que Daniel García Arizabaleta, uno de sus asesores más cercanos, realizó con la Fiscalía y resultó aprobada por un juez de garantías en mayo de este año.
/La W