Tras 20 Años del Atentado al Nogal, las víctimas se acreditan ante La JEP

En las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, arrancó la acreditación de víctimas del atentado al Club El Nogal, perpetrado por las extintas FARC en 2003.

Este miércoles, en un acto convocado por el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, y la magistrada Marcela Giraldo, relatora del macrocaso 10, acudieron representantes de las víctimas a una jornada de pedagogía frente al crimen, que el mes pasado esa Jurisdicción describió como no amnistiable.

En conmemoración al atentado, que dejó 36 personas muertas y casi doscientas heridas, un pequeño altar permanecerá durante unas semanas en la entrada del edificio de la JEP, ubicado sobre la carrera séptima de la capital del país.

Como representante de las víctimas, Bertha Fries, que durante años ha llevado la vocería para lograr reparación y reconciliación al respecto, y en 2020 le entregó un informe sobre el tema a la JEP, se dirigió a medios de comunicación para expresar que «nos ha tocado ser muy creativos para escalar y poder llegar acá a pesar de las calumnias, el ‘bullying’ y las amenazas».

Detrás de Bertha estaba un cartel con los nombres de todos los heridos y fallecidos, que, según la líder de víctimas, estaban «en el fondo del mar» porque no se tenía acceso a ellos. Además, había otra pancarta con las solicitudes que el colectivo le hace a la JEP, entre las que se encuentra, por supuesto, la investigación y sanción a los responsables.

En los veinte años que han pasado después del atentado, dijo Fries, «no ha habido justicia ni reparación». Por ello, espera que en la JEP se le ofrezca a las víctimas «la verdad, porque sin verdad no puede haber unidad ni reconciliación».

«Esperamos que haya una reparación que nos sirva y que sirva de lección para el país, que trascienda. Y que las sanciones manden un mensaje y sean formativas», declaró la vocera, quien añadió que «tenemos muchas expectativas» para poder responder por qué fue dispuesto el explosivo y hacia quién estaba dirigido.

Fries, por último, contó que le pidió al Gobierno construir una casa de la memoria que narre los detalles de lo ocurrido en el Club el Nogal, que funcione como reparación y como aprendizaje para la no repetición.

El magistrado Vidal, por su parte, celebró la acreditación de las víctimas, pues la JEP así podrá abrir «una nueva posibilidad de obtener algún tipo de restauración».

«Lo que estamos presenciando hoy lo llamaría un acto de confianza que depositan las víctimas y los familiares en la JEP como mecanismo de construcción de paz en el país, a través de la administración de justicia, que puede contribuir a sanar las profundas heridas que estos hechos han dejado en ustedes», subrayó el Presidente de la Jurisdicción Especial.

¿Qué ha dicho la JEP sobre el atentado al Club El Nogal?

El 25 de agosto de este año, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP declaró que los actos cometidos por los hermanos Fernando y Herminsul Arellán Barajas en el atentado al club El Nogal son crímenes de guerra no amnistiables y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

El atentado ocurrió en Bogotá el 7 de febrero de 2003. Los Arellán, integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas FARC, fueron los cerebros detrás del acto, que dejó 36 personas fallecidas y 158 heridas.

Fernando y Herminsul, hoy comparecientes en la JEP, cometieron crímenes de guerra y transgresiones al DIH, de acuerdo con la Sala de Amnistía. Esto, debido a que el ataque se dirigió contra un club social y empresarial, no contra un objetivo militar, como dictan las reglas de la guerra.

La JEP señaló que dentro del conflicto las partes «deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes». En ese sentido, las ofensivas «solo podrán dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados».

El Nogal, de acuerdo con el Tribunal de Paz, solo era un sitio comercial que estaba ubicado en una zona que en buena parte también era residencial. «Se trata de un bien civil que no tiene, ni tuvo para la fecha de los hechos, como naturaleza, finalidad o utilización, contribuir eficazmente a la acción militar y no ofreció una ventaja militar definida», resaltó la decisión de la Sala de Amnistía.

En esa misma línea, la Jurisdicción encontró que «las víctimas de este ataque eran civiles que no participaban en las hostilidades y, por tanto, gozaban de protección respecto de un ataque en el marco del conflicto armado».

El atentado al club El Nogal se investiga dentro del Caso 10, que lidera la magistrada Julieta Lemaitre e indaga por crímenes no amnistiables cometidos por las entonces FARC que no encajan en los otros nueve macrocasos. La idea es determinar si el hecho puede ser parte de los patrones de conducta que cometió la extinta guerrilla en el desarrollo de sus hostilidades, además de garantizar la participación de las víctimas y su asesoría durante el trámite.

Los hermanos Arellán Barajas resultaron condenados a cuarenta años de prisión por parte de la justicia ordinaria, pero desde 2017 gozan de libertad condicional, algo que la JEP mantiene con algunas tareas. Respondieron por los delitos de terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio, al comprobarse que participaron en la detonación del carro bomba en el acto terrorista.

Los ahora comparecientes suscribieron un acta con la JEP en la que se comprometen a seguir atendiendo a los llamados, aportando verdad plena y reparando a las víctimas de las que se reconocen responsables.

En concreto, el régimen de los Arellán Barajas contempla ocho compromisos, entre los que se les prohíbe salir del país sin autorización de la JEP y se les llama a responder a la Unidad de Búsqueda, contribuir por escrito al esclarecimiento de la verdad, no reincidir en ningún delito, entre otros.