CNE tiene la lupa sobre inscripción de cédulas

Cada vez falta menos para que se lleven a cabo las elecciones regionales y la tensión por los delitos de trashumancia o fraude aumenta conforme pasan los días. La trashumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas.

Bajo esta premisa, Álvaro Hernán Prada, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), sostuvo que desde el CNE han venido trabajando para brindarle confianza a la ciudadanía a partir de unas elecciones transparentes.

“Hemos tratado de mantener a la ciudadanía informada buscando que quienes van a participar tengan mayores elementos para hacerlo y cuenten con la información necesaria para no incurrir en delitos. Para ello, en todos los despachos estamos capacitando internamente a los funcionarios para que demos respuestas rápidas y con certeza, también hemos trabajado interinstitucionalmente con la Registraduría, Procuraduría, Policía, Gobierno nacional a través del Ministerio del Interior y con entidades territoriales para hacerle seguimiento al proceso eleccionario en Colombia. Preocupa la seguridad en diferentes zonas del país, pero las autoridades están comprometidas en garantizarlas”, puntualizó.

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

Cifras aportadas por el vicepresidente del CNE determinan que se inscribieron 132.553 candidatos para las elecciones territoriales, el 39% son mujeres. Asimismo, desde el 2019 el porcentaje de inscritos aumentó en un 13,73%. Además, del total de las inscripciones 22.536 fueron digitales y 104.268 presenciales.

Es importante tener presente que la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó inhabilidad en algunos candidatos. Al respecto, el vicepresidente del CNE afirmó que desde el Consejo tienen el deber de investigar a cada uno de los candidatos que se encuentren incursos en inhabilidades.

“De comprobarse se procederá con la revocatoria de la inscripción, previo agotamiento del trámite dispuesto en la ley y con el respeto del debido proceso y el derecho a la defensa de los candidatos”, aseveró.

Asimismo, Prada enfatizó que todas las personas que postulen su nombre para cualquier cargo de elección popular tienen la obligación de rendir informe de ingresos y gastos de campaña ante el CNE.

“Incluso para tal efecto se dispuso el aplicativo cuentas claras para que los candidatos puedan radicar sus informes, así mismo se permite el acceso público a esta información para facilitar el monitoreo y análisis del financiamiento, origen, monto y destinación de los recursos”, explicó.

En el caso de los congresistas, el vicepresidente señaló que ellos se consideran servidores públicos pertenecientes a una corporación pública y no ejercen este tipo de autoridad, por lo tanto, no deben renunciar un año antes de la elección.

“La inhabilidad aplica para servidores públicos que ejercen autoridad política, civil o administrativa. Frente al año anterior a la posesión hay opiniones divididas. Algunos sostienen que deben simplemente renunciar al momento de la inscripción”, manifestó.

DELITOS ELECTORALES

Álvaro Hernán Prada recordó que entre los principales delitos electorales está el constreñimiento al elector, es decir, amenazar o presionar al votante con el fin de obtener apoyo o votación para determinado candidato.

Otro delito que es muy común es el de perturbación al certamen democrático, que consiste en impedir o perturbar la votación o escrutinio por medio de maniobras engañosas.

“Actualmente el CNE tiene la lupa puesta en el delito de trashumancia o fraude en inscripción de cédula, que consiste en inscribir su documento en una localidad, municipio o distrito diferente a su lugar de residencia, con el propósito de obtener ventaja en una elección popular. Estos son los tres delitos más comunes sin embargo existen cerca de 16 delitos consagrados en nuestra legislación”, explicó.

El vicepresidente se refirió, además, a la situación de violencia que vive el país a tres meses de las elecciones.

“Es una preocupación que tenemos, sin embargo, es por esa razón que venimos trabajando articuladamente con la Registraduría, la Procuraduría, la Policía, el Gobierno Nacional y demás entes de control, en las comisiones departamentales de coordinación y seguimiento a las elecciones, con la construcción de mapas de riesgo, para garantizar unos comicios seguros que les permitan a los colombianos salir a votar en todo el territorio nacional”, enfatizó.

La propaganda electoral que emplee el espacio público se puede realizar dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de la votación.