Colombia lo ganó todo y Corte dio su ‘tatequieto’ a Nicaragua

La CIJ puso fin a la pretensión de Nicaragua de seguir ampliando sus fronteras marítimas.

Con 13 votos a favor y 4 en contra, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puso fin este jueves a la demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia en la que reclamaba una ampliación de su plataforma continental hasta 200 millas náuticas desde sus costas en el mar Caribe.

«Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de la costa continental de Colombia. En consecuencia, dentro de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base de la costa continental de Colombia, no existe un área de superposición de títulos que deba delimitarse en el presente caso», señaló un aparte del fallo.

La lectura de la decisión fue hecha por la jueza estadounidense Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, en la tarde de La Haya (Países Bajos) y la mañana en Colombia y Nicaragua.

La historia de demandas de Managua contra Bogotá se remonta al 6 de diciembre de 2001, pero solo fue hasta 2012 cuando se produjo la primera decisión por parte del Tribunal de La Haya que de un tajo dejó a Colombia sin el 43% de su mar territorial, a la altura del archipiélago de San Andrés, que era el botín que Nicaragua quería reclamar dentro de sus primera pretensiones, pero que le fue negado.

Hasta antes de la primera demanda, los límites entre las dos naciones se regían por un tratado (Bárcenas-Esguerra) y las líneas imaginarias se trazaban por el meridiano 82° Oeste. Pero eso cambió el 19 de noviembre de 2012.

Ese día la CIJ falló a favor de Nicaragua, que reclamaba una delimitación de las fronteras marítimas con Colombia más allá del meridiano 82° Oeste.

En esa misma demanda, Nicaragua reclamó que se delimitara la plataforma continental para extenderla más allá de las 200 millas náuticas desde sus costas, una pretensión que la Corte de La Haya desestimó, en un principio, al señalar que el tema debía ser examinada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

El 16 de diciembre del 2013, Nicaragua interpuso una nueva demanda reclamando que se definieran los límites marítimos entre los dos países sobre la plataforma continental, más allá del primer fallo que le fue favorable. La CIJ se manifestó competente para estudiar esa pretensión.

En su demanda, Nicaragua reclamaba el derecho a una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas trazadas desde sus costas, amparada en el derecho internacional consuetudinario; mientras que Colombia sostenía, también sustentada en la misma legislación, que no era posible extenderle a un país su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas dentro del espacio limítrofe de otra nación, es decir, que no se podía superponer las fronteras de un Estado sobre otro.

Fue justamente el argumento de Colombia el que hoy se impuso en la determinación de la CIJ, que resolvió que un Estado tiene derecho a ampliar su plataforma continental, pero no puede hacerlo dentro de las 200 millas náuticas de otra nación.

La Corte de La Haya le dijo además a Nicaragua que no se volvería a pronunciar sobre este mismo reclamo, dado que el derecho internacional consuetudinario no tenía criterios suficientes para resolver una demanda de ese tipo y cerró el caso.

Las pretensiones de Nicaragua se concentraban en tres reclamos: el pedido de ampliar la plataforma continental desde sus costas; una revisión a la plataforma continental de San Andrés y Providencia; y un reclamo sobre los derechos marítimos de Serranilla y Bajo Nuevo, dos bancos pertenecientes a Colombia.

A todo lo anterior la CIJ le dijo que no, en una sentencia que varios líderes políticos locales consideraron como «histórica».

Carlos Argüello Gómez, Agente de Nicaragua ante la CIJ, aseguró hoy desde La Haya que «esta es una sentencia más y no dudo que el gobierno de Nicaragua seguirá cumpliendo, como siempre», al sostener que su país no debía «sentirse mal» y al advertir que Managua no cesará en su intención de recuperar la totalidad de su «territorio», en declaraciones al diario La Prensa de ese país.

Una de las mejores noticias para el país

El fallo de la Corte Internacional de Justicia es una de las mejores noticias que ha recibido el país en años. Se trata del fin de una controversia por el territorio colombiano que tuvo a Colombia en riesgo de perder su territorio marítimo ante la ambición de Nicaragua. Finalmente, la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a la defensa colombiana.

En su decisión, la Corte explicó que muy pocos países en el mundo han tenido una pretensión semejante, de ganar territorio por medio de ampliar la plataforma continental. La presentación de la decisión la hizo Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia.

La jurista hizo una extensa explicación jurídica sobre los derechos que tienen los estados sobre el mar y los casos que se han presentado en esa jurisdicción sobre el particular. La presentación de la corte fue ecuánime y varias veces aseguró que Nicaragua no tenía razón en sus pretensiones.

En resumen, se podría decir que Colombia ganó todo y Nicaragua perdió todo. La decisión se dio por una mayoría muy grande de la siguiente manera. En todas las pretensiones, Colombia ganó con 13 votos contra 4.

El primero tenía que ver con la hipótesis de Nicaragua de delimitar el límite marítimo de la plataforma continental extendida. El segundo, con declarar que las Islas de San Andrés y Providencia tienen una plataforma limitada. Estos dos puntos tuvieron una mayoría de 13 contra 4.

El tercero tenía que ver con limitar los espacios marítimos de Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo. Allí, Nicaragua había dicho que Serranía, Bajo nuevo y Serrana no generan derechos territoriales, pero la Corte dijo que Colombia sí tiene soberanía sobre estas. La corte sobre esto último, votó 12 a favor y 5 en contra.

EQUIPO OPTIMISTA

Desde temprano, el equipo de Colombia había llegado al alto tribunal de la Haya para conocer la decisión. El líder del equipo de defensa, el abogado Eduardo Valencia-Ospina, entregó unas declaraciones al salir de la audiencia. “Hoy es un día de inmensa celebración para Colombia”, dijo.

“Estamos muy complacidos con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de aceptar los argumentos de nuestra defensa y decidir cerrar definitivamente el tercer y último caso, y con ello, la saga de más de 20 años que ha enfrentado a Colombia y Nicaragua. Es sin duda la mayor victoria internacional de nuestro país en las últimas décadas. Es un notable logro, ya que victorias completas son poco frecuentes en la corte”, agregó.

El agente agregó que la corte reconoció que Nicaragua, basándose en consideraciones ideológicas, “no puede reclamar una plataforma continental extendida, dentro de las 200 millas de la zona económica de Colombia. En consecuencia la Corte Internacional rechazo todas las pretensiones de Nicaragua al final de sus alegatos”. Al final señaló que este fallo sirve para reactivar la cooperación necesaria que debe existir entre los dos Estados para temas clave como la cooperación para el medio ambiente y los derechos de los raizales.

El jurista dijo que el fallo sobre Colombia llena enormes vacíos en el derecho del mar y evitará nuevas e innumerables controversias contra Estados un muchas regiones del planeta. Agregó que el fallo reivindica la política de Estado de emplear el derecho, privilegiar el imperio de la ley y fortalecer los mecanismos judiciales siempre. “No es fácil para un Estado, que debe hacer frente a una pretensión tan exorbitante, participar en un proceso en donde el único resultado aceptable es una victoria”, reconoció.

El ex canciller Julio Londoño Paredes, quien puede ser una de las personas que mejor conoce ese pleito, aseguró que se trata de un triunfo que no puede adjudicarse a ningún gobierno, sino que debe entenderse como una victoria de país. “No creo que se le pueda adjudicar a determinadas personas o a determinados gobiernos”, enfatizó.

“Es el epílogo de una situación, en la cual Nicaragua desde el año 1969 ha estado pretendiendo el Archipiélago de San Andrés, Los Cayos, los espacios y plataformas marítimas. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) al día de hoy ha puesto punto final a esas pretensiones que por diferentes modalidades venía Nicaragua empeñada en sacarlas adelante en el Caribe occidental”, indicó Londoño, hoy decano de la facultad de ciencias políticas, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.

La historia de la demanda

El fallo es el último capítulo de un pleito cuya fase final comenzó en diciembre de 2001, cuando el Gobierno de Managua demandó a nuestro país ante el alto tribunal. Los hechos evidencian el afán de Nicaragua de proyectarse hacia el Caribe, en ocasiones impulsada por los Estados Unidos, y la necesidad de Colombia de ocupar su posición en el Caribe occidental, al que durante muchos años desdeñó.

En 1890, Nicaragua ocupó militarmente las islas Mangles, muy cercanas a la costa nicaragüense, que Colombia consideraba eran parte del archipiélago. El Gobierno, agobiado por las guerras civiles, dejó pasar casi “de agache” el hecho. Cuando en 1913 Nicaragua alquiló las citadas islas a los Estados Unidos, hubo una protesta colombiana. En retaliación, los nicaragüenses, empujados por Washington, reclamaron el archipiélago.

Igualmente, existía una controversia sobre la costa Mosquitia, el litoral caribeño de Nicaragua, pero más con los ingleses, que la ocupaban desde muchos años atrás. Incluso Colombia acompañó a los nicaragüenses en varios de sus reclamos sobre la costa ante el Gobierno británico. En 1928 se firmó un tratado en el que Colombia aceptó la soberanía nicaragüense sobre la costa, en la que no había tenido presencia, así como sobre las islas Mangles que Nicaragua había ocupado. Nicaragua aceptaba la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, donde jamás había puesto un pie. Posteriormente, consideró que el tratado era nulo porque lo había firmado por presión de los Estados Unidos.

El presidente Carlos Lleras Restrepo, en agosto de 1969, se inventó la tesis de que el meridiano 82° era el límite. Se anticipó a su época. Especialmente cuando antes de su administración, con excepción del general Rojas Pinilla, que decretó el puerto libre de San Andrés y construyó el aeropuerto que lo sacó del aislamiento, a nadie le importaba San Andrés.

Incluso el Gobierno de Colombia había impartido instrucciones, a principios del siglo XX, de que se vendiera el archipiélago a los Estados Unidos y, años después, Enrique Olaya Herrera, como embajador en Washington, le propuso al gobierno norteamericano que cambiaran los cayos de Roncador y Quitasueño por un “barquito”.

Las razones fundamentales de Nicaragua para demandar a Colombia ante la Corte fueron la negativa de nuestro país de negociar la soberanía del archipiélago de San Andrés y los cayos, y la posición colombiana desde 1969 de que la frontera marítima entre los dos países se había establecido en 1930 por el meridiano 82°.

Nicaragua consideraba además que no era posible que unas islas seis veces más cercanas a su territorio que al de Colombia y frente a su costa no les pertenecieran. Igualmente, creían que aun en el caso de que pertenecieran a Colombia, su jurisdicción marítima solo podría ser de pequeños enclaves de 12 millas de mar territorial alrededor, sin plataforma continental ni zona económica propias.

Los gobiernos de López Michelsen, Turbay Ayala, Betancur y Pastrana trataron de pactar con Nicaragua el límite marítimo, conscientes de que la posición sobre el meridiano 82° no era sólida jurídicamente. Sin embargo, Nicaragua solo lo haría si al mismo tiempo se negociara la soberanía de los componentes del archipiélago, lo que nunca fue aceptado por Colombia.

Con la convicción vendida muchos años atrás de que Colombia era “el adalid de la solución pacífica de las controversias”, ningún mandatario quiso dar el paso de desvincularse de la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Por algo, El Tiempo, cuando Nicaragua presentó su demanda, señaló en un editorial que “Colombia no tiene nada que ganar y Nicaragua nada que perder”.

Finalmente, cuando ya la demanda era inminente, la administración Pastrana retiró la declaración por la que había aceptado la jurisdicción de la Corte en 1936, pero quedó vigente el Pacto de Bogotá en el que también se establecía la misma obligación.

Colombia alegó que la Corte carecía de competencia para pronunciarse sobre la demanda de Nicaragua, ya que la controversia se había resuelto en 1930 con la entrada en vigor del tratado Esguerra-Bárcenas y que esa condición impedía al tribunal asumir la competencia por el Pacto de Bogotá. Nicaragua sostenía lo contrario. El asunto lo resolvió un fallo en 2007.

El fallo de la Corte del 13 de diciembre de 2007 fue netamente favorable para Colombia. Reiteró que el archipiélago era de Colombia y que el tratado de 1928 era válido y estaba vigente. Se reservó para otra instancia la decisión sobre cuáles eran las islas y cayos que hacían parte del archipiélago, así como la delimitación que debía realizarse, ya que rechazó el límite por meridiano reclamado por Colombia y la línea media entre las costas continentales que Nicaragua había invocado.

Desde 1913, por más de un siglo, hemos tenido centenares de incidentes en el Caribe, muchos de ellos nos han llevado al borde de una confrontación armada. La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado de conformidad con las normas y principios del derecho internacional que consideró aplicables.