Conservadores y liberales negarán la reforma laboral

Aunque el Partido Conservador se declaró hace dos semanas en independencia al gobierno de Gustavo Petro, sus acciones políticas parecieran demostrar que está más en el campo de la oposición y así quedó demostrado con su postura definitiva para con la reforma laboral.

Ayer tarde, tal y como se esperaba, la bancada anunció que votará negativo el proyecto, por considerar que el mismo no contribuirá para el aumento de los empleos, sino que por el contrario afectará en al menos 450 mil puestos la entrada en vigencia de dicha reforma si es aprobada por el Congreso de la República.

En tal sentido se pronunció el presidente del partido, senador Efraín Cepeda, quien sostuvo que “el Partido Conservador tomó la decisión de forma unánime en bancada de no acompañar el proyecto de reforma laboral, es decir lo votaremos negativamente”.

Consideran los conservadores que “no sólo no promueve el empleo sino que lo destruye como lo ha expresado el Banco de la República y se pierden 450 mil empleos”. Incluso el partido desde que fue radicado ese proyecto por parte del gobierno había anunciado que se apartaba de muchas de las propuestas y que sería en una discusión de bancada cuando se analizaría.

Cepeda además señaló que “el golpe más fuerte lo llevan las micro y pequeñas microempresas, muchas de ellas se quebrarán y otras se irán a la informalidad, ningún factor es deseable”.

El precandidato a la Gobernación de Antioquia, Juan Diego Gómez, sobre lo acordado sostuvo que “afortunadamente la bancada del Partido Conservador ha entendido que la reforma laboral que plantea de manera improvisada la ministra de Trabajo, le hace mucho daño al país, pone en riesgo la producción, pone en riesgo el empresariado y pone en riesgo más de 700.000 empleos en todo el país. Celebramos esta decisión, el Partido Conservador que quieren los ciudadanos y la bancada que representa a los antioqueños”.

La semana pasada esta postura ya había enfrentado a los conservadores con el presidente Petro, luego de que la colectividad le quitó por tres meses la voz y el voto al representante Jorge Quevedo, quien el miércoles pasado firmó la ponencia mayoritaria de la reforma laboral, anticipándose a la postura de la bancada, la cual se tomará el martes, y la cual sería de rechazo. Quevedo además ha votado la reforma a la salud, la cual ya se tiene aprobada en un más del 80% del articulado y se esperaría que el martes termine su trámite en la Comisión VII de la Cámara.

“El representante Jorge Alexander Quevedo, conservador, merece toda nuestra solidaridad. Decidió libremente ponerse al lado del pueblo trabajador y firmar la ponencia de la reforma laboral. Hoy es perseguido. Creo que hasta la CIDH debe observar este caso”, explicó Petro en su cuenta de Twitter.

El mandatario colombiano también aseguró que “estamos ante una persecución política por defender los derechos de las y los trabajadores, derechos que hoy se expanden por el mundo. Todas las instancias de la justicia nacional e internacional deben ser usadas para detener la persecución contra los derechos políticos que protege nuestra constitución y la convención americana”.

Tras ese pronunciamiento del mandatario, Julián Quintana, presidente del Comité Ético del Partido Conservador le exigió respeto al mandatario por la autonomía de los partidos políticos. “Como presidente del Consejo de Ética del partido @soyconservador, solicitó al presidente @petrogustavo respetar la autonomía e independencia de la colectividad, especialmente la decisión de la veeduría que resolvió suspender al representante Alexander Quevedo”, le respondió Quintana desde la cuenta de Twitter al presidente Petro.

Para Quintana esas determinaciones “se adoptan en derecho como lo demandan nuestros estatutos” y precisó que “no se puede violentar las reglas de la democracia interviniendo indebidamente en los partidos políticos”.

La veedora del conservatismo, María Eugenia Correa, aseguró que la determinación de suspender por tres meses al representante Quevedo de su ejercicio de voz y voto, se tomó en derecho por contrariar las decisiones que ha venido tomando la bancada con respecto a las reformas que impulsa el Gobierno.

PEROS DE LOS LIBERALES

De otro lado ayer se conoció un nuevo revés para el gobierno. El Partido Liberal notificó cuáles serán las líneas rojas que tendrá para apoyar el proyecto de ley de la reforma laboral, la cual fue presentada desde marzo pasado por el Gobierno para que sea tramitada en el Congreso de la República.

En tal sentido, el jefe del liberalismo y expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, en un documento que publicó, señala que con la misma se podrían perder alrededor de 450.000 formales en todo el territorio nacional.

En primer lugar los liberales consideran que “una jornada nocturna desde las 9:00 pm es un abuso contra las personas trabajadoras, nos acogemos a una jornada que empiece desde las 6:00 pm. No obstante, se requiere una transición, es decir, que desde el 2024 la jornada empiece a las 8:00 pm, y en caso de que la tasa de desempleo sea menor al 9% se podrá establecer desde la 6:00 pm”.

En segundo lugar, expresa Gaviria que “se debe modificar de manera progresiva el recargo dominical y festivo, incrementarlo de un 75% a un 100% sería un desacierto. Le apostamos al incremento del recargo dominical en un 85%, de esta manera se protegerán los empleos de las personas trabajadoras”.

El tercer aspecto es que “la jornada máxima de trabajo semanal debe pasar de 48 a 42 horas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2101 de 2021 sobre la aplicación gradual. Dicha jornada que ser distribuida en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso para los trabajadores”.

Un aspecto más es que “las personas trabajadoras de las plataformas que realizan intermediación digital del trabajo o de servicios, podrán ser contratados de forma independiente, garantizando así una protección de sus datos personales, su seguridad social, el derecho a la desconexión laboral, dignidad y salubridad en el trabajo”.

Por quinto punto, el jefe liberal estima que “las huelgas de empleados en sectores públicos esenciales, comprometen la seguridad, la salud o la vida de los ciudadanos. Es necesario que estas se restrinjan en sectores como los servicios públicos domiciliarios, establecimientos de asistencia social, salud, servicios de higiene y aseo en materia de salud pública y saneamiento, entre otras”.