´Estamos ante un Gobierno torpe´

Tras el asesinato de cuatro niños indígenas en Putumayo, le llueven críticas a la Administración Nacional liderada por Gustavo Petro.

En los últimos días, el asesinato de cuatro menores indígenas a manos de integrantes de las disidencias de las Farc del frente ‘Carolina Ramírez’ en Putumayo, estremeció al país. La noticia, no solo ha generado diversas reacciones de rechazo, sino que también abrió, de nuevo, el debate que cuestiona si las decisiones tomadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, han sido las correctas.

De hecho, tras la confirmación de la muerte de los jóvenes, el Gobierno Nacional suspendió parcialmente el cese bilateral al fuego con las disidencias de las Farc en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Justamente, uno de los principales críticos del jefe de Estado, el fiscal Francisco Barbosa, sostuvo en diálogo con Semana que: “El cese al fuego con las disidencias se constituyó en una causa para que se produzcan estas tragedias en Colombia (la masacre de los cuatro niños indígenas). No había delimitación geográfica”.

Barbosa cuestionó, además, que se haya ordenado “un cese al fuego sin verificación”. Y reaccionó frente a la amenaza de “más muertos” realizada por la disidencia del Estado Mayor Central de las Farc.

“Esa amenaza de más muertos no se puede responder con mano tendida, sino con la acción del Estado”, sostuvo Barbosa.

De igual forma, señaló que “la torpeza en el manejo de la paz es total, pone en peligro a los ciudadanos y afecta la labor de la Fiscalía”.

Entre los cuestionamientos, el fiscal Barbosa advirtió que actualmente el Gobierno no cuenta con una política de seguridad y de manejo del orden publico eficiente.

“Eso impide que la Fiscalía pueda hacer efectivas las órdenes de captura de los asesinos de estos niños, son órdenes de captura que terminan siendo imposibles de ejecutar. El cese al fuego termina impidiendo la acción de las mismas autoridades”, señaló para Semana.

“Es inaudito que a los niños indígenas los hayan asesinado por la ausencia de una política de seguridad y defensa de los derechos humanos por parte del Gobierno nacional”, agregó el fiscal Barbosa.

Entre las principales conclusiones del consejo de seguridad se destacan la realización de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación la cual se hará teniendo en cuenta el respeto por las comunidades indígenas y sus costumbres. Igualmente, se determinó que habrá planes de inversión, esto en medio del reconocimiento que hace el Gobierno al reclutamiento infantil en la zona, y el fortalecimiento de las guardias indígenas.

“Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesitan, el fortalecimiento a las guardias indígenas, porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto”, aseguró Lilia Solano, viceministra del diálogo social, la igualdad y los derechos humanos.

Así mismo, la funcionaria aceptó que estas comunidades han sido abandonadas por parte del Estado durante muchos años, pero recalcó que existirá una respuesta articulada por parte del actual Gobierno entre varias entidades para responder por este flagelo del reclutamiento infantil.

“Se necesita que estos territorios y estas comunidades que han sido abandonadas a lo largo de la historia, en este momento sean justamente levantadas, que haya inversión, que haya esa presencia integral del estado. No va a haber uno o una sola respondiendo desarticuladamente, sino este trabajo conjunto que además está acompañado por las decisiones del presidente; serán articuladas”, expresó.

Por su parte, Astrid Cáceres, directora del Icbf, se pronunció sobre lo ocurrido en Putumayo y manifestó que: “Los actores armados actuaron con sevicia con los cuatro niños. Nosotros tenemos información de la manera en la que ocurrió el hecho en Putumayo y también de la acción de la comunidad muestra cómo los actores armados actuaron con sevicia”./Colprensa