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Destitución, supervivencia o ‘muerte cruzada’: Lasso ante juicio político

La Asamblea Nacional de Ecuador ha dado su primer gran paso hacia la consecución de un juicio político contra el presidente del país, Guillermo Lasso, que tiene ante sí una batería de escenarios entre los que figuran su supervivencia política, su cese fulminante o un recurso constitucional bautizado como ‘muerte cruzado’ que implica la renovación de todas las instituciones del país sudamericano, Presidencia y Parlamento incluidos.

El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno. Lasso, que gobierna Ecuador desde hace dos años, sostiene que no hay pruebas contra él y que toda esta campaña tiene más tintes políticos que legales.

La oposición, sin embargo, sigue avanzando y el lunes logró sumar 88 votos para dar luz verde al juicio político –bastaba el apoyo de 70 de los 137 legisladores–. Lasso deberá ahora presentarse ante la Asamblea, algo que en semanas anteriores ya había confirmado que haría, para exponer su caso y defender su inocencia, antes de que se produzca una segunda y definitiva votación, para la que el umbral se eleva hasta los 92 votos.

Si la oposición alcanza esta cifra, Lasso sería automáticamente destituido. El vicepresidente, Alfredo Borrero, asumirá el cargo de jefe de Estado durante lo que resta de mandato, hasta el año 2025, por lo que no sería necesario convocar nuevas elecciones al tratarse de una renovación automática en la Presidencia contemplada en la Constitución.

Si no se alcanzan los 92 votos, el presidente quedaría en el cargo y quedaría blindado frente a futuras acusaciones por los mismos motivos.

MUERTE CRUZADA

El tercer escenario, factible en caso de que Lasso vea amenazada su continuidad, es la ‘muerte cruzada’, una fórmula consagrada en la Constitución de 2008 y a la que el presidente ha aludido en varias ocasiones durante estas últimas semanas. El jefe de Estado tiene potestad para disolver la Asamblea si considera que se cumplen ciertos criterios, por ejemplo si hay una «grave crisis política» en el país sudamericano.

El mecanismo, que nunca ha sido invocado, implica que salten por los aires todas las instituciones, ya que supone la convocatoria de elecciones parlamentarias pero también presidenciales. La oposición le ha advertido a Lasso de que recurrir a esta vía aumentaría aún más la tensión política y social, pero el mandatario no sólo ha coqueteado con ella sino que ha sugerido que, si hay comicios anticipados, será de nuevo candidato.

En este caso, el Consejo Nacional Electoral debería convocar en un plazo de siete días la doble cita electoral, que implicaría renovar de nuevo los dos poderes aunque sólo «para el resto de los respectivos períodos». En este periodo interino entre la disolución y la celebración de las elecciones, el presidente tiene potestad para emitir «decretos-leyes de urgencia económica», previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

La ciudadanía, entretanto, observa dividida todo este terremoto político, con un Lasso que ha visto cómo su popularidad ha descendido en los sondeos. Aun así, cerca de un 39 por ciento de los ecuatorianos se muestran a favor de que complete el mandato, frente al 18,5 por ciento que reclama su cese a manos de la Asamblea Nacional y un 14,5 por ciento que le piden directamente que dimita, según una encuesta publicada en marzo por la firma Click Report.

Más del 28 por ciento de las 1.900 personas entrevistadas para este sondeo respaldan que invoque la ‘muerte cruzada’.

(EUROPA PRESS) COLPRENSA

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