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Rama judicial rechaza persecución de ‘paras’ a jueces de Santa Marta
Los jueces de Santa Marta salieron en respaldo de sus compañeros que han recibido llamadas intimidatorias y visitas en sus residencias de sujetos pertenecientes a las estructuras criminales que operan en la ciudad.
En una concentración citada a las afueras del edificio Benavides, los togados salieron de sus despachos a exigir mayores garantías para su compañero Henry Ortiz, amenazado en 18 oportunidades por el Clan del Golfo.
Los Jueces y servidores públicos del Distrito Judicial de Santa Marta salieron de sus despachos para rechazar de manera categórica, las amenazas de las que ha sido víctima el doctor Henry Hernando Ortiz Portillo, Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado Itinerante de Santa Marta, quien viene siendo hostigado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en 18 ocasiones miembros de esta estructura armada lo han amedrentado para que renuncie a su labor de descongestionar los procesos.
Los miembros de la Rama Judicial manifestaron su profunda preocupación por la situación que viene denunciando Ortiz y de la que la Unidad Nacional de Protección (UNP), no ha querido acatar.
«La administración de justicia al interior de un Estado social de derecho constituye una función sagrada, dado que se erige como herramienta de control de las actuaciones de los asociados y del mismo Estado, y por lo tanto debe ser resguardada y protegida por todos los estamentos públicos.
La situación ocurrida con el compañero Ortiz Portillo no sólo incumbe a él sino a toda la institucionalidad judicial y debe generar por parte del Estado respuestas inmediatas para garantizar su vida e integridad personal y la de su familia», dice el comunicado de los Jueces de la República.
En el plantón organizado a las afueras del edificio Benavides, tuvo como coro repetitivo que la administración de justicia se pueda desarrollar con la normalidad e imparcialidad que requiere.
«Los Jueces nos mantenemos firmes en el deber que constitucional y legalmente juramos, pero exigimos del Estado las garantías necesarias para el desarrollo legítimo de nuestras funciones, y de la sociedad esperamos el rechazo a estos actos y la defensa de los servidores públicos afectados.
La Rama Judicial ha representado como víctima un capítulo en la violencia de nuestro país y por eso exigimos que se atienda el llamado que hacemos para que se adopten las acciones necesarias para que estos sucesos sean investigados, juzgados y sancionados como lo que son, un atentado al Estado social de derecho», continúa la comunicación.
A su vez, aprovecharon para enviarle un mensaje al juez Henry Hernando, motivado por la solidaridad de la familia judicial. «Le decimos que no se encuentra solo, que sus compañeros judiciales lo acompañan y lo respaldan en la dura situación que está atravesando», concluye el documento.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), en el Distrito hay tres jueces que han reportado amenazas por grupos paramilitares. Del mismo modo, señalan que otros empleados de los despachos, que ayudan a formular los fallos, también son víctimas de amenazas por los grupos al margen de la Ley.
Hace unos días, el Tribunal Superior de Santa Marta a través de su presidente, magistrado Alberto Rodríguez Akle también dio a conocer el pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación rechazando estas amenazas e intimidaciones y demandando de la Unidad Nacional de Protección la máxima atención para darle asistencia y seguridad al funcionario judicial amenazado.
