Dictan casa por cárcel a docente del INEM señalado de abuso sexual

El profesor William Cabrera de 69 años, espera la fecha del juicio en su casa tras la agudización de las enfermedades de base padecidas. La defensa del educador sigue insistiendo que esta captura hace parte de un ‘falso positivo judicial’ para mostrar resultados.

La firma Uno Legal SAS, asumió desde el mes de junio del 2022 la defensa del educador William Cabrera Hernández, docente de la Institución Educativa Distrital Inem Simón Bolívar, acusado por la Fiscalía de los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo con actos sexuales abusivos agravado en concurso homogéneo y sucesivo con otras conductas.

De acuerdo con el ente acusador, el educador de 69 años se aprovechaba de su posición como orientador de matemáticas, para someter “a una alumna a vejámenes y tocamientos”. Este escándalo en el plantel educativo, también comprometió a otros docentes y cuerpo directivo.

Cabrera lleva ocho meses con medida de aseguramiento intramural, a la espera de que un juez determine su inocencia o culpabilidad, lo cierto es que durante este tiempo, el veterano maestro ha recibido el respaldo de familiares, amigos, exalumnos y sus compañeros de trabajo, quienes reclaman su libertad, y quienes desde un principio pidieron que su estado de salud fuera tenido en cuenta durante el proceso.

Ariel Quiroga, abogado del docente, aseguró que “conseguimos que le fuera suspendida la medida de aseguramiento en sitio de reclusión, por una medida de reclusión en su residencia. Con esto se le mejoraron las condiciones. Seguimos con las labores de investigación para demostrar que no hubo ningún tipo de delitos”.

Del mismo modo, Quiroga ha asegurado que “estamos convencidos de que la presión política indebida en la opinión pública e incluso en instituciones del ramo, ha impulsado un proceso exprés de capturas, imputaciones y medidas de aseguramiento sin ningún rigor probatorio, lo cual ha alimentado las enormes posibilidades de encarcelar a ciudadanos que no representan un peligro para la sociedad, para la presunta víctima ni para el sistema judicial”.