El tríptico trabajo, salud, pensiones

Hemos advertido en columnas anteriores la posibilidad real de que la sociedad colombiana enfrente los más profundos cambios en las estructuras jurídicas del Estado. Y aunque el orden constitucional nos imponga el de separación, autonomía y equilibrio de poderes, las amplias potestades que tiene el Congreso de la República de modificar lo que se llama los “modelos de gestión”, permiten avizorar que las reformas institucionales anunciadas por el nuevo gobierno tendrán un fuerte impacto en la configuración de las ramas del poder público, en sus atribuciones y sus competencias. La Constitución Política diseña en un gran número de sus normas, amplias facultades de intervención del Estado en la economía, con poderes de vigilancia y control, aunque con razonables limitaciones al principio de libertad de empresa, circunscritos al interés general   y a la protección de los bienes, valores y derechos constitucionales de los ciudadanos.    Las reformas anunciadas en las legislaciones laboral, de salud y pensiones, sin que aún se hayan hecho públicas, pueden constituir un marco de referencia a estas limitaciones.

El interés general, el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los gobernados y un frontal ataque a la corrupción, vienen siendo invocados por el señor presidente de la república como señuelos para instrumentar el cambio en la sociedad política.  Se nos ocurre adelantarnos a enunciar los principales ejes que podrían contener estas reformas, en el tríptico trabajo, salud y pensiones.

En materia laboral se discuten reformas tanto en la parte individual del trabajo, como en la parte colectiva, en temas como el desarrollo de los principios generales, aplicación de los elementos del contrato de trabajo, estabilidad en el empleo, tercerización-subcontratación laboral, contrato de aprendizaje, contrato de prestación de servicios, trabajo en plataformas digitales, automatización, trabajo migrante, trabajo informal, trabajo sexual, jornada de trabajo y otros. Se discute un reforzamiento del derecho de asociación sindical, de la negociación colectiva, de la figura del arbitramento laboral, de la huelga.  El retoque normativo de estos temas variará ostensiblemente el decorado actual de las instituciones del derecho del trabajo.

La modificación de las normas que constituyen el sistema de salud es el más crítico de todos, no sólo por ser el que tiene directa relación con los mayores valores constitucionales con que cuenta la totalidad de la sociedad, sino por las afectaciones económicas que su actividad genera. Los recursos de que dispondrán las entidades de la salud para este ejercicio anual sobrepasan los 400 billones de pesos.    Por los intereses financieros en juego, se ha señalado por los entendidos que la salud será el epicentro de los debates en el Congreso de la República, incluyendo lobby parlamentario, encuestas, publicidad en los medios, incentivos, etc. etc.   A pesar de que el 95% de la población colombiana se encuentra afiliada a la seguridad social en salud, -22 millones al régimen contributivo, 24.5% al régimen subsidiado- los servicios no se prestan de manera eficiente y las EPS que son las entidades encargadas de la prestación del servicio, la mayoría no muestra buenos indicadores de calidad y desempeño, ni a nivel preventivo ni a nivel curativo.  Buena parte de estas entidades prestadoras de salud-EPS, las sobrevivientes al sistema, muestran agudos problemas de sostenibilidad financiera, razones por las cuales el Estado asumirá directamente el manejo financiero del servicio, entre otras razones, para arrancárselas al monstruo de la corrupción.  Se recrea por el Estado un sistema público de manejo y control de estos recursos fortaleciendo el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y a la administradora de los recursos-ADRES, participación de la ciudadanía en su gestión y un acceso total a la atención primaria en salud.

La reforma al sistema pensional será el menos polémico de todos, pero el que llama la atención de un grupo etario especial, conformado por más de un millón de pensionados. Fundado en el nuevo sistema de pilares solidarios, en consideración a los ingresos laborales o rentas de trabajo, al que concurrirán la administradora pública de pensiones y los fondos privados. Intentaremos un comentario especial sobre este tema, merced a las repercusiones que tiene en un grupo poblacional totalmente desentendido por el Estado.

*Abogado*Profesor universitario*Escritor