La entidad nació como producto de una decisión del Concejo de Santa Marta para la vigilancia de los recursos públicos.  En diciembre de 1947 el Concejo de Santa Marta expidió el Proyecto de Acuerdo número 06, a través del cual suprimió el cargo de ‘Auditor Fiscal del Municipio’ y le dio vida jurídica a la Contraloría municipal, luego Contraloría distrital, entidad que empezó a cumplir sus funciones el primero de enero de 1948, eligiéndose cómo primer contralor a Manuel Polonio Vives, el cual ejerció como primera autoridad fiscal por muchos años. Este acontecimiento es recordado por los actuales funcionarios, quienes precisan que en el paso de los años  ha sido un trabajo por destacarse en la  “eficacia y diligencia a la hora de responder a todas las denuncias y de dar a conocer los resultados de las investigaciones que a bien se desarrollan a los sujetos auditados del distrito”. Este órgano desde sus inicios ha insistido en la exhortación a la comunidad en general, a sus líderes y veedores ciudadanos, a que ejerzan la vigilancia  sobre los recursos públicos del nivel local y a denunciar cualquier irregularidad que se esté presentando en la ciudad, evidenciada en cualquier obra o en alguna entidad. “Siempre será indispensable ejercer una función pública rigurosa, pues los samarios tienen un clamor generalizado y es que sus recursos públicos sean ejecutados de manera eficiente, eficaz, clara y con prontitud, para el beneficio común de todas las comunidades”, señaló  Chadán Rosado Taylor, quien desde el 10 de enero de este año y hasta el 31 de diciembre del 2023, estará al frente de la Contraloría. Durante estas casi ocho décadas, han sido muchas las quejas y denuncias de la comunidad por diferentes causas, principalmente por presuntos malos manejos de los recursos del erario, razón por la cual, el ente de control ha asumido el conocimiento y resolución definitiva de las mismas, emitiendo para ello, los respectivos informes, solventando así, las preocupaciones ciudadanas. Desde el inicio de esta tarea los contralores han adelantado su trabajo de control fiscal, donde se han dado a conocer resultados de los hallazgos fiscales, en la historia más reciente de la institución se recuerda el seguimiento a las supuestas irregularidades administrativas, financieras que han repercutido en el mal estado de la legendaria Cancha ‘La Castellana’, en el barrio Pescaíto, determinando un posible detrimento por la cuantía de $260 millones de pesos. “Detallar el contenido de un órgano de control eficiente no ha sido fácil, si se tiene en cuenta que ha tocado superar contratiempos de todo tipo; especialmente, los económicos, los cuales muchas veces fueron limitantes que retrasaron pero no truncaron, para que se cumpliese con los propósitos proveídos en nuestros deberes y obligaciones de realizar a cabalidad un control fiscal eficiente”, las palabras del contralor. En cuanto al trabajo de atención ciudadana, la Contraloría en este 2022 ha tendido un promedio de un día para responder las solicitudes de acceso de información, y 12 días para absolver las inquietudes radicadas bajo la figura constitucional de derecho de petición, enmarcándose en las líneas que rigen el slogan institucional, un ‘Control fiscal participativo’.