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El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) aseguró que los agentes de la Policía usaron armas de fuego.
Tal y como lo había advertido el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el Gobierno de Gustavo Petro iba a darle 48 horas a los invasores de predios privados para desalojar. En caso de no hacerlo, las fuerzas de la Policía iban a proceder para retirarlos, como al parecer ocurrió en Caloto, Cauca, en la mañana de este viernes.
La denuncia la hizo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que aseguró que el hecho ocurrió “solo 6 horas después de encuentro con ministros” realizado en la capital caucana, Popayán, en el marco de un diálogo regional de paz con el que se trazó la ruta de trabajo para los próximos cuatro años en relación con las comunidades originarias de este departamento.
“Bueno no pasaron 48 horas, ni el Esmad está en tercera línea, y utilizan armas de fuego. Inician no desalojos sino ataques a comunidades reclamantes de tierra en Caloto, Cauca”, señaló el CRIC en la cuenta de Twitter, cuestionando: “¿Estamos viendo el lado oscuro? ¿Saboteo?”.
Los interrogantes surgen entre la comunidad debido a que MinDefensa aseguró que en esas 48 horas el Gobierno también activaría “los mecanismos de diálogo para que las comunidades abandonen voluntariamente esos terrenos”, lo que entonces, según el CRIC, se contradice con el accionar directo que al parecer tuvieron este viernes.
Sin embargo, la Policía aún no se ha manifestado sobre el hecho y se desconoce cómo fue la intervención de esta fuerza de choque en Caloto.
La advertencia del Gobierno –que fue el martes– no cayó muy bien entre las comunidades indígenas y el movimiento social y campesino. El miércoles, por ejemplo, el Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA) emitió un comunicado asegurando: “No somos los invasores, estamos recuperando la tierra como parte de lo que nos han robado durante décadas los terratenientes criollos y el capital transnacional”.
Por su parte, la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca) manifestó su apoyo a las comunidades que estaban “recuperando las tierras de las cuales fueron despojados”.
Además, señalaron que para garantizar la soberanía alimentaria en Colombia, a través del trabajo de la tierra, “se hace necesario la destinación de tierras productivas que hoy están en manos de quienes representan la opresión y el capital en el país”.