Noticias de Santa Marta, el Magdalena, y el mundo!
La Contraloría General de la República afirmó que las denuncias en contra dos de sus funcionarios por presuntamente cometer irregularidades en el proceso de aprobación de recursos para proyectos relacionados al posconflicto, carecen de pruebas por lo que mostró su respaldo a los señalados.
Según las denuncias revelas por medios de comunicación, los funcionarios Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, y Aníbal Quiroz, contralor delegado de la Unidad de Regalías, son señalados de no fiscalizaron adecuadamente los recursos que asigna el Ocad-Paz, entidad del Sistema General de Regalías (SGR) encargada de aprobar proyectos para la paz financiados con recursos de regalías.
Además, los funcionarios son denunciados por cobrar coimas o obstaculizar el trámite de proyectos en el marco de un supuesto entramado que se apropió recursos dirigidos para financiar proyectos para la implementación del acuerdo de paz en municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), según las denuncias de prensa.
En respuesta, la Contraloría señaló que las denuncias coinciden con la información que recibió la entidad través de un correo a nombre del contratista Juan Carlos Saldarriaga, pero que en realidad corresponde a una suplantación del remitente.
“Como es debido, se realizó una investigación interna, la cual no arrojó ningún indicio de detrimento patrimonial, sino que al contrario encontró que el señor Saldarriaga había sido suplantado en su correo electrónico y. dado esto, se desestimó a falta de pruebas”, señaló la Contraloría.
Añadió: “La Contraloría General de la República respalda a los funcionarios Juan Carlos Gualdrón y Aníbal José Quiroz en cada una de sus actuaciones”, según se lee en un comunicado.
Sin embargo, pidió la Fiscalía General de la Nación investigar a profundidad cada una de las actuaciones realizadas por los funcionarios mencionados, de manera que determinen si su accionar implica alguna responsabilidad en lo Penal o Disciplinario.
CARTELIZACIÓN DE PROYECTOS
Entre tanto, la Contraloría General de la República defendió su función de vigilar las regalías y al OCAD PAZ señalando que su trabajo se ha realizado con resultados contundentes y con total transparencia, cuya labor puso al descubierto una cartelización de proyectos de paz en algunos Pdet.
Según señaló, las irregularidades originó 9 actuaciones de responsabilidad fiscal, por $66.247 millones, contra los posibles presuntos responsables, entre los que aparecen 9 alcaldes de los departamentos de La Guajira y Cesar.
Además, señaló que, en el periodo comprendido entre el 19 de marzo al 23 de diciembre del 2020, la entidad revisó 178 proyectos de inversión por un valor de $2,3 billones que habían sido viabilizados en varios sectores./Colprensa