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Los estragos del conflicto armado en Colombia siguen siendo preocupantes. Según la Comisión Internacional de la Cruz (CICR) el desplazamiento masivo y afectaciones en general por la presencia de artefactos explosivos han aumentado considerablemente, alcanzando los niveles más altos de los últimos cinco años.
Esto obedece a la presencia de más actores armados en el país, como las antiguas Farc, Eln, la segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y comando de la Frontera incrementando las confrontaciones armadas, control social y disputa por territorios, y esto genera presión en comunidades que tienden a desplazase, por ejemplo.
Esto, según Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación de la CICR en Colombia, muestra una dura realidad en varias poblaciones del país «que refleja el temor, la incertidumbre y la desesperanza a causa de los conflictos armados que hay en Colombia».
Durante 2021 la CICR documentó 884 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario (DHI) y otras normas humanas. De estas, el 59% correspondió a homicidios, amenazas, privaciones arbitrarias de la libertad, utilización de artefactos explosivos, tratos crueles, inhumanos o degradantes; vinculación de niños y adolescentes con actores armados y violencia sexual.
Los departamentos más afectados son Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo y Guaviare. En zonas rurales de estos departamentos reina el temor en las comunidades que no pueden llevar una vida normal, precisamente por la presencia de artefactos explosivos o de actores armados, lo que les imposibilita trabajar, tener acceso a salud y hasta cultivar.
«El recrudecimiento del conflicto se debe a la restructuración de los grupos armados lo que ha generado un aumento en la conflictividad, que de hecho, viene en crecimiento desde 2018 se agudizó en 2021. Nuestro trabajo ha sido el de tener medios y recursos para brindar asistencia a comunidades que han sido afectadas por esta problemática», mencionó Caraffi.
El CICR registró durante 2021 un total de 486 víctimas de artefactos explosivos, el numero más alto de los últimos cinco años. Los accidentes ocurrieron en 14 departamentos siendo Norte de Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca los más afectados. Ante este panorama, hay gran preocupación por parte de la Comisión, ya que en lo corrido de 2022 esta amenaza sigue latente.
«Ya en febrero de este año había un total del 25% de las víctimas registradas en 2021. Observamos que hay una tendencia al alza frente al numero de víctimas y la profundización de diferentes fenómenos. En 2022 en panorama podría ser aún más complejo y eso nos preocupa», añadió Caraffi.
Por tal motivo, hizo una recomendación especial al gobierno entrante en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales. «La primera recomendación es escuchar a las victimas por ejemplo, a las negritudes que necesitan ayuda. Muchas veces notamos que hay falta de conocimiento y falta de recursos para asistir a las víctimas».
Por lo que el CICR pidió al nuevo gobierno priorizar en su agenda política la atención y protección de las víctimas y comunidades afectadas por el conflicto armado.
DESAPARECIDOS
Durante el año pasado se registraron 168 desaparecidos en el marco del conflicto armado 772 desde los acuerdos de paz. Según el funcionario, es el modus operandi de los grupos armados. Estas desapariciones desencadena muchas veces en la muerte de la persona. «Es una tragedia para las familias que esperan décadas a que su ser querido aparezca. Es muy común ver que las desapariciones se presentan por hacerle daño a las comunidades y a las familias en sí».
Por otro lado, el reclutamiento sigue siendo un fenómeno que tiene un impacto enorme sobre los menores. El director del Comité en Colombia dijo que en pandemia, la falta de acceso a internet de muchas zonas rurales generó condiciones favorables para que el uso de los menores de edad dentro del conflicto armado, se aumentara.
Así mismo el secuestro en Colombia sigue siendo un fenómeno que atemoriza a la población. En 2021, el CICR apoyó el regreso a sus hogares de 27 personas que habían sido secuestrados durante el conflicto armado.
ASISTENCIA MÉDICA
Las afectaciones a la Misión Médica y otras formas de asistencia en salud también hicieron parte del panorama humanitario. El año pasado, la Mesa Nacional de Misión Médica registró 553 agresiones contra el personal de salud, instalaciones y vehículos: la cifra más alta que se ha reportado en los últimos 25 años.
El 20% de los ataques fueron perpetrados por grupos armados y el 66% de estas agresiones se registraron en el marco del paro nacional armado.
«Hubo varios problemas a la protección de la asistencia médica, a modo de ejemplo, el acceso de ambulancias a zonas donde no se podía ingresar. Es un problema histórico. Cuando la población ataca es por desconfianza. Pero Colombia es muy rica en términos de asistencia y tiene una normatividad sobre la Misión Medica que son identificadas como hospitales o centros médicos por lo que el derecho a la salud es reconocido. Los grupos tienen derecho a ser atendidos y las personas que atiendes tienen derecho a ser protegidas», dijo Caraffi.
Por último, dijo que 2021 también fue un año complejo para la labor humanitaria. El incremento de los conflictos armados y de las violencias generó nuevos retos para la Comisión Internacional de la Cruz Roja. El año pasado 543 mil personas se beneficiaron con el trabajo humanitario de la Comisión, lo que muestra un compromiso por las personas que están en medio de los estragos de la guerra.
/Colprensa