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El CNE sigue ordenando el desmonte de vallas políticas
Por afectación al buen nombre, la imagen y la dignidad humana, el Consejo Nacional Electoral, CNE, le ordenó a los candidatos al Senado Miguel Uribe (Centro Democrático) y Alberto Ramírez (Conservador), desmontar unas vallas políticas.
La decisión la adoptó la sala plena del organismo, el cual además ordenó que la decisión se extiende a pancartas y pasacalles instaladas en el territorio nacional, como también en la publicidad en redes sociales de los dos aspirantes al Senado.
Frente a la publicidad del cabeza de lista del Centro Democrático, el CNE se refirió a la que uso la imagen de los dirigentes políticos Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Piedad Córdoba, Roy Barreras, Iván Cepeda, Carlos Antonio Lozada y León Fredy Muñoz, en una valla que se titula “ojo con el Congreso, el momento de salvar a Colombia de los enemigos de la libertad es ya”.
Con respecto a Ramírez, se ordenó recoger la propaganda en la que tomó la imagen de algunos magistrados de la Corte Constitucional, con la frase “No matarás. Aborto = Crimen. No más cultural de la muerte”. Para el CNE la intención del candidato Ramírez Alfonso, “al desplegar este tipo de publicidad, no es otra que utilizar la noticia coyuntural con el fin de ganar un beneficio electoral”.
Los magistrados consideraron que “en busca de deslegitimar a un sector político determinado, los aspirantes al Congreso afectaron de manera injustificada los derechos de unos ciudadanos en particular, desbordando así los límites del derecho de libertad de expresión”, como también que “genera un menoscabo al buen nombre, la imagen y la dignidad humana de los ciudadanos en mención”.
Precisó la autoridad electoral que para hacer uso de la imagen de ciudadanos en su propaganda política, los candidatos políticos deben contar con un consentimiento y/o autorización previa de las personas que aparecen en su publicidad, situación que no se encuentra probada.
Finalmente precisaron que “este tipo de publicidad electoral es reprochable dentro de las actividades de una campaña electoral, ya que podría lesionar derechos tanto de particulares como de otros participantes en la contienda electoral y fuera de ella, como en efecto se vislumbró respecto a los ciudadanos”