Control preventivo y rebatiña de contratos

Después de las noticias puramente políticas y las de orden público de cotidiana ocurrencia, dos impactaron en la semana la actividad diaria de los colombianos: la primera, la rebatiña de las contrataciones por 52 billones de pesos denunciada por la Contraloría General de la República bajo la sombra de la Ley de Garantías; la otra, el preocupante drama que viven los niños del municipio de Uribia en el Departamento de La Guajira, que reciben sus clases en el suelo, sin agua potable y sin ningún tipo de ayudas didácticas. Dos antinomias, dos contradicciones inauditas, a las que queremos referirnos, precisamente por aparecer como protagonistas principales dos de los máximos entes de control del patrimonio público y de la Ley.

La Contraloría informa que entre el 13 de noviembre del 21 y el 29 de enero de 2.022,     ya en vigencia la llamada Ley de Garantías, -que precisamente se promulgó para evitar hechos de corrupción en días preelectorales- se formalizaron en distintos departamentos, en entidades nacionales, y especialmente en la Procuraduría General de la Nación, contratos licitados y directos, por valor superior a 52 billones de pesos. Lo sorprendente e inexplicable de todo este despilfarro es que la noticia sale del conocimiento que de los hechos tiene la máxima guardiana de los dineros del Estado que es el dinero de todos los asociados.

Los ataques a los dineros públicos parecen interminables y magnifican   lo débil que son los controles en nuestra democracia. Por eso consideramos que la rebatiña que el Contralor enuncia como una proeza, ha podido evitarse con el uso de las herramientas constitucionales con que cuenta la entidad controladora.  En efecto, a partir del 18 de septiembre de 2019 con motivo de la aprobación del Acto Legislativo 04 de ese año, además del llamado control fiscal posterior y selectivo de la gestión estatal otorgado por el constituyente al ente controlador, cuenta con una valiosa herramienta complementaria que es el control preventivo y concomitante para la defensa del patrimonio público, con el que puede advertir al gestor fiscal y a cualquier servidor público de los entes territoriales,  de la existencia de un riesgo inminente en operaciones en ejecución, para que se adopten las medidas que considere procedentes a fin de  evitar que se materialice o se extienda cualquier daño contra los bienes del Estado. El acto constitucional es terminante cuando señala que el Contralor está obligado, dentro de sus funciones, a hacer un “seguimiento constante y paralelo de la gestión fiscal, a partir de la función de advertencia, eliminando riesgos potenciales y daños previsibles”.  La información no precisa si estos seguimiento y advertencia se llevaron a cabo por la Contraloría o la Procuraduría, so pena de estar incursas en inexcusable omisión.

Y llama la atención la gigantesca cifra contratada no sólo por cuanto se “distribuyen” dineros públicos frente a la advertencia de la Ley, la que se burla a sabiendas de los instrumentos jurídicos existentes para controlarlo y evitarlo, sino que se apropia desafiando las miles de necesidades y apremios que se reclaman en muchos rincones de la patria, tal cual las angustias  de los niños de Uribia, quienes  reciben precariamente un derecho fundamental como la educación, básico para nuestra supervivencia como nación libre.  Algo de sensibilidad habrá que inocularles a muchos de nuestros funcionarios públicos para la transformación de nuestra sociedad en más igualitaria y más justa.

Antes de su retiro próximo, el señor Contralor o su equipo de herederos en el cargo,  deben hacer uso de la atribución constitucional de promover ante las autoridades las investigaciones disciplinarias y penales por los eventuales perjuicios que se causen con esta rebatiña contra los intereses patrimoniales del Estado, si bien se conoce que muchos de estos contratos resultan innecesarios y extemporáneos,  que presuntamente tienen una destinación política, pero que con absoluta seguridad -a pesar de la postración y el desgreño con el que termina la actual administración- se habrían podido invertir en obras de una mayor repercusión social -verbigracia Uribia- no importa que los beneficiarios contractuales sean al final los mismos ejecutantes con las mismas mañas.

*Abogado laboralista*Profesor universitario*Escritor