‘Jorge 40’ fue condenado por el crimen de arquitecto y su escolta

A Rodrigo Tovar Pupo cuyo nombre de guerra en las autodefensas era el de ‘Jorge 40’ le fue dictada nueva sentencia por el crimen del vallenato Rubén Darío Quintero y su escolta Rafael Eusebio Ovalle, hechos ocurridos hace 20 años en Bogotá.

Por el asesinato del arquitecto y comerciante vallenato, Rubén Darío Quintero y su escolta Rafael Eusebio Ovalle, ocurrido el 14 de octubre de 1999, el Juzgado Cuarto Especializado de Bogotá condenó a 40 años de prisión, al exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

En la sentencia, en ponencia del juez Jorge Andrés Carreño Corredor, le imputa a ‘Jorge 40’, los delitos de homicidio y concierto para delinquir por el doble homicidio ocurrido en la ciudad capital.

Quintero y Ovalle habían viajado desde Valledupar, en el Cesar, para cumplir una cita en la Fiscalía General de la Nación, cuya finalidad era la de aportar elementos materiales probatorios en la investigación del homicidio del padre de Rubén Darío, Sixto Tulio Quintero, quien fue secuestrado y luego asesinado.

Aunque se creía que había sido obra del ELN, se determinó que los autores intelectuales fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, Quintero nunca compareció a la cita, Jorge 40 dio la orden de que lo mataran a él y su escolta, en una Notaría cerca a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá.

El motivo de este homicidio, de acuerdo con el fallo, fue para callar a Rubén Darío, porque su padre había sido secuestrado y asesinado en cautiverio por el grupo paramilitar al mando de alias ‘Jorge 40’.

El exjefe paramilitar también debe pagar una multa de 6.500 salarios mínimos legales vigentes para resarcir a las víctimas del hecho que se presentó a finales de la década de los noventa en Bogotá.

Rubén Darío Quintero Fuentes, era conocido en Valledupar como ‘El Kuki’. Era egresado de la Universidad Autónoma del Caribe y fue aspirante al Concejo de Valledupar.

‘Jorge 40’ fue deportado desde Estados Unidos en septiembre de 2020, luego de permanecer en prisión durante 12 años en territorio norteamericano, pagando su condena por narcotráfico.

Tras aterrizar en suelo colombiano, el Ministerio de Justicia aclaró que sería capturado y que quedaría a disposición de la justicia ordinaria, tras haber sido expulsado de Justicia y Paz por no cumplir con sus compromisos de verdad.

Alias ‘Jorge 40’ permanece privado de la libertad en la cárcel de Picaleña de Ibagué (Tolima) y  recientemente fue deportado desde Estados Unidos.

El pasado mes de enero se conoció que el Juzgado Sexto de ejecución de penas de Ibagué decidió acumular varias sentencias que pesan en contra del excomandante y establecer una condena de 40 años de prisión, así como una millonaria multa.

El despacho fijó una «pena definitiva de prisión en 480 meses de cárcel, una multa de 3.500  s.m.l.m.v e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso de 20 años».

Para la acumulación se tuvieron en cuenta sentencias que fueron emitidas previamente por juzgados de Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, por crímenes cometidos cuando perteneció al grupo armado al margen de la ley.

A la espera de una notificación oficial se encuentra el abogado Andrés Felipe Caballero, representante de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, frente a la más reciente decisión de la justicia sobre la condena que debería pagar el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Vale recordar que ‘Jorge 40’ ya había sido condenado a 35 años de prisión por el homicidio de 40 personas y desplazamientos perpetrados en Sitionuevo en el departamento de Magdalena. También recibió dos penas de 19 años; una por el homicidio de un sindicalista del sector de la salud en Soledad, Atlántico, y otra por el asesinato de un trabajador de Electricaribe en el año 2005.

De la misma manera había sido sentenciado a 26 años por el crimen del profesor Alfredo Correa de Andréis, en Barranquilla.

El abogado Andrés Felipe Caballero indicó que por ahora no ha sido notificado oficialmente de la decisión del juzgado de Ibagué, sin embargo se encuentra a la espera de la comunicación para estudiarla y determinar que acciones se tomarán.

Contra el excomandante paramilitar figuran más de 1.000 investigaciones bajo la Ley 600 de 2000 y 400 procesos por la Ley 906 de 2004, además registra 38 medidas de aseguramiento y 35 órdenes de captura vigentes registrados en los sistemas misionales de la Fiscalía.