Gobierno sin hambre

Además de la pandemia y otras pestes que azotan la humanidad, casi mil de los cerca de nueve mil millones de personas que habitan el planeta, padecen hambre, subalimentación o desnutrición.  De ellas, 45 millones están cerca de morirse por inanición en 43 países.   En América Latina y el Caribe 267 millones de personas sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, de las cuales 59,7 millones viven con hambre.  En el mundo mueren diariamente por este flagelo más de 25 mil personas.  En Madagascar, una isla independiente al sur de África, buena parte de la población se alimenta con hojas silvestres y cactus. Colombia es uno de los países de América, junto con Honduras, Haití y Venezuela, que sufre de inseguridad alimentaria. Son cifras capaces de horrorizar al más insensible de los mortales, de las que no se habla mucho en los medios, tampoco en el gobierno.

“El mundo atraviesa una coyuntura critica en materia de seguridad alimenticia” ha dicho en su informe último la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, resaltando que “el número de personas que padece hambre en el mundo se encuentra en el punto más alto desde 2.020”.  La Asociación de Bancos de Alimentos ABAC, Colombia, refrendó el informe, manifestando que la situación del hambre en el país sí es crítica y que 16 millones de colombianos consumen dos o menos comidas al día.

Analizar en profundidad el informe se hace tarea imposible en una cuartilla, pero índices como la escasez alimentaria, la desnutrición infantil, malnutrición, la obesidad adulta, el hambre oculta, y otros de sus ingredientes, no pueden menos que llenarnos de una gran  preocupación, principalmente a los gobernantes,  ante la irrebatible verdad de que no existe ni voluntad, ni políticas gubernamentales eficientes, ni recursos disponibles y a salvo de las garras de la corrupción, que ayuden a paliar este estado de cosas y alertar sobremanera a los organismos encargados de combatirlas.

Sin embargo, la señora vicepresidenta de la Nación, tal vez impactada por el informe, por los compromisos gubernamentales incumplidos y especialmente por la política migratoria de los vecinos venezolanos, rechazó el informe y solicitó la rectificación de algunas de sus partes, exigiendo objetividad con la realidad del país.  El representante de la FAO en Colombia sostuvo que “sería injusto no reconocer el esfuerzo conjunto que vienen desarrollando Colombia y las agencias internacionales sobre el tema”.

Frente a esta realidad, para quienes hemos estado en las entrañas del lobo recorriendo barrios, veredas y municipios, la retórica oficial no coincide con el visible crecimiento de los anillos de pobreza y extrema pobreza que nos invade.   El aumento del desempleo y la informalidad, la carencia de agua potable en muchas ciudades, el alza desmesurada en los artículos de primera necesidad, son algunos de los indicadores negativos que contradicen el discurso defensivo de la funcionaria, porque todos son determinantes de la pobreza y el hambre.   Se necesitan muchos más esfuerzos para transformar en calificaciones positivas esta situación. No son ejemplos de eficiencia administrativa programas como el PAE -Programa de Alimentación Escolar- secuestrado por la corrupción, con bajas calificaciones en cuanto a la calidad alimentaria, el consecuente estado nutricional y el retraso en talla y peso de los niños colombianos beneficiarios del programa.  Ni mucho qué destacar en programas económicos y sociales como el Sisbén, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Régimen Subsidiado de Salud, generalmente manipulados por las entidades territoriales y destinados más a cubrir intereses políticos, que a llenar las reales necesidades de las gentes para mitigar su pobreza.

Hemos insistido que se hace imperioso intensificar los esfuerzos para combatir la pobreza y las desigualdades.  Repeliendo y sancionando ejemplarmente por los organismos de control tanto el desgreño administrativo como la corrupción pública y privada; incentivando de buena forma las políticas de apoyo al sector agrícola y los entornos alimentarios, para que puedan acometerse iniciativas y programas que neutralicen los factores influyentes del hambre.  Siempre el Estado tiene la oportunidad de mejorar sus ejecutorias. Por ahora, a pesar de las salvedades, el informe de la FAO lo condena, porque la pobreza y el hambre son inocultables en Colombia.

*Abogado*Profesor universitario*Escritor